Uribe defendió la potestad del Gobierno nacional de mantener o revocar la postulación de los desmovilizados de los grupos armados ilegales a la ley de Justicia y Paz.

El Gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz. También el Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas", agregó el mandatario.

 En la alocución, el presidente dijo que su Gobierno obtuvo del de Estados Unidos permiso para que agentes estatales y representantes de la sociedad civil puedan viajar a ese país para seguir los juicios en los que deban comparecer los extraditados.

"Los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas", continuó Uribe.

El gobernante dijo que Washington también aceptó que la riqueza que los ex paramilitares entreguen mediante acuerdos judiciales en ese país "se dedique a reparar a las víctimas colombianas".

"Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos", consideró Uribe, para quien esta masiva extradición no implica una parálisis de los procesos que ellos afrontan en Colombia dentro de la jurisdicción especial de justicia y paz.

La extradición

En el listado de extraditados, que incluye en total a 13 ex jefes paramilitares y a un señalado narcotraficante, también están Eduardo Enrique Vengoechea, Francisco Javier Zuluaga (alias 'Gordolindo') y Nodier Giraldo (sobrino de Hernán Giraldo).

Las resoluciones de extradición van de la 137 a la 149 y fueron firmadas ayer, 12 de mayo.

Por eso, el Gobierno conminó a las "autoridades judiciales colombianas para que presten toda la ayuda necesaria para que se acuda a proyectos de cooperación judicial" con E.U.

Además, asegura que hay un convenio para que los bienes que entreguen en ese país los ex 'paras' sean entregados al Fondo de Reparación en Colombia.

"Nada impedirá a los ciudadanos extraditados que sigan  confesando crímenes y entregando bienes. La efectiva y eficaz colaboración incidirá en beneficios de Ley 975", señala el Gobierno.

• Guillermo Perez-Alzate
  Cargos: Marzo de 2002. Producir y distribuir cocaína a E.U. Extinción de sus bienes de ser hallado culpable.
  
• Manual Enrique Torregrosa-Castro
  Cargos: Mayo de 2007. Producir y distribuir cocaína a E.U. Extinción de sus bienes de ser hallado culpable.

Así fue el envío a Estados Unidos 'ex paras'

Con cadenas en el cuello, esposas en las manos y chalecos blindados fueron extraditados a las 6:37 de la mañana 13 ex jefes paramilitares, solicitados por cortes de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El avión de la DEA que lleva a los ex 'paras' despegó del aeropuerto de Catam, en Bogotá, hacia Miami, Washington y Nueva York.

El operativo comenzó a las 12:15 de la madrugada en las cárceles de Itagüí, La Picota y Barranquilla, con participación de la Dijín. Los ex 'paras' fueron sometidos a exámenes médicos y reseñas antes de salir hacia Estados Unidos.

Las razones de la extradición serían las siguientes:

1. En primer lugar no estaban entregando la verdad tal y como lo ordena la Ley de Justicia y Paz. Lo hacían a cuenta gotas, sin profundidad.
2. Tampoco hicieron entrega apropiada de bienes para la reparación de las víctimas. 
3. Y por último, los organismos de inteligencia cuentan con información de que los ex 'paras' seguían delinquiendo desde sus lugares de reclusión. 

El movimiento de los presos se inició hacia la medianoche desde las cárceles de La Picota, Itagüí y Barranquilla, de acuerdo con la emisora 'La W', quien dio la primicia a las 2 de la mañana.

Todos ellos tenían orden de extradición autorizada por la Corte Suprema de Justicia, que no se había hecho efectiva por estar en el proceso de Justicia y Paz.

Los posibles vínculos de los ex 'paras' con actividades al margen de la ley 

Oficiales de la Dijín informaron que había indicios de que algunos ex jefes paramilitares continuaban delinquiendo desde las cárceles luego de la desmovilización. Sin embargo, aún se desconoce si el Gobierno tuvo en cuenta estas pruebas para ordenar la extradición.

Los principales ex jefes paramilitares eran señalados por los organismos de seguridad del Estado como 'narcos pura sangre'.

La Policía, por ejemplo, maneja información sobre las posibles relaciones de Diego Fernando Murillo, 'don Berna', con las bandas criminales de Los Paisas y Los Traquetos, organizaciones al margen de la ley aliadas a La Oficina de Envigado, al mando del ex jefe paramilitar.

Hace pocas semanas la Policía y el CTI capturaron en Córdoba y Antioquia a integrantes de estas bandas, que según inteligencia de la Policía, recibían órdenes de 'Berna'. La Dijín mantenía un minucioso seguimiento a personas cercanas a 'Berna'.

A Ramiro 'Cuco' Vanoy, ex jefe paramilitar del bloque Mineros, las investigaciones lo relacionaban con la banda de Los Mellizos, de los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera.

Precisamente, en desarrollo del operativo que terminó con la muerte de Víctor Manuel en el norte de Antioquia la Policía descubrió que los hombres que hacían parte de su anillo de seguridad eran desmovilizados del Mineros cercanos a Vanoy, quien negó cualquier actividad al margen de la ley después de la desmovilización.

Desde la cárcel de Barranquilla fueron trasladados 'Jorge 40', Hernán Giraldo, el 'Patrón', del Bloque Tayrona; Nodier Giraldo, sobrino del 'Patrón' y jefe de finanzas de esa organización, así como Eduardo Bengoechea, otro jefe de Los Tayrona. Más de 80 hombres de la Dijín en la capital del Atlántico participaron en el operativo del traslado al aeropuerto de Catam.

A Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', ex jefe 'para' del Bloque Norte, las autoridades lo relacionan con una banda de extorsionistas que delinque en Barranquilla conocida como Los 40.  Los 40 estaba dedicada al narcotráfico, comercio ilegal de armas, extorsiones y asesinatos selectivos en Atlántico, Bolívar y Sucre.

De hecho, el año pasado un juzgado especializado condenó a seis integrantes a siete años de prisión por extorsión.

Sobre Guillermo Pérez Alzate, 'Pablo Sevillano', ex jefe paramilitar del Bloque Libertadores del Sur, la Policía venía manejando información lo relacionaba con algunas de las cinco bandas emergentes que lideraba Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', extraditado la semana pasada por violar los compromisos del proceso de paz y reincidir en actividades de narcotráfico y conformación de grupos al margen de la ley como Las Águilas Negras.

En el caso de Salvatore Mancuso se sabe que es de los hombres fuertes de los 'paras' que más estaba hablando ante los fiscales de Justicia y Paz sobre las relaciones de las autodefensas, incluso, en su más reciente revelación afirmó que todas las compañías bananeras estadounidenses en la región del colaboraron con las Auc.

De la Penitenciaría La Picota en Bogotá:

• 1 Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'
• 2 Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias 'Gordo Lindo'
• 3 Manuel Enrique Torregrosa.

De la cárcel de máxima seguridad de Itagüí:

• 4 Salvatore Mancuso Gómez, alias 'Santander Lozada'
• 5 Diego Alberto Ruiz Arroyave
• 6 Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano'
• 7 Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy'
• 8 Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso'
• 9 Martín Peñaranda, alias 'El Burro'
• 10 Edwin Mauricio Gómez Lara.

Desde la cárcel Modelo de Barranquilla

• 11 Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'
• 12 Hernán Giraldo Serna, alias 'El Patrón'
• 13 Nondier Giraldo Giraldo
• 14 Eduardo Enrique Vengoechea.

Con información de
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

• Editorial / Extradición de jefes 'paras' a E.U. despeja dudas y también abre interrogantes de fondo
• Videocolumna / Se trata del golpe más duro contra el narcotráfico en mucho tiempo: Rodrigo Pardo
• Ex jefes paramilitares extraditados continuarán en la Ley de Justicia y Paz
• 'Vamos a insistir para que Corte Penal Internacional abra el caso Colombia': Víctimas
• Los cargos de los ex jefes extraditados en Estados Unidos
• Perfil de Salvatore Mancuso, el heredero político y rival de Carlos Castaño
• Los bandazos del Gobierno en el caso del 'Tuso'
• Convivir que habría servido de enlace entre bananeros y 'paras' estaría buscando operar de nuevo
• Estos son los jefes paramilitares que se quedan en Colombia
• 'El ministro Holguín no nos puede poner un manto de duda': sindicato del Inpec

"Lo que le corresponde a la Fiscalía es continuar con el proceso judicial propiamente dicho. Vamos a seguir insistiendo, valiéndonos de la cooperación internacional, para que nuestros fiscales, los representantes de las víctimas y los testigos, puedan asistir a las versiones que componen el proceso de Justicia y Paz, valiéndonos de la cooperación internacional, entre otras, con la asistencia judicial de los E.U, vamos a continuar insistiendo en la verdad, la justicia y la reparación", dijo el Fiscal.

Iguarán advirtió que son cerca de 6 mil hechos confesados por los paramilitares, "los cuales el 95 por ciento estaban en la impunidad. Más de mil 450 cadáveres entregados a los familiares, que nos han dado la satisfacción en medio de ese entorno tan doloroso de los familiares, de sacarlos de esa tortura psicológica. Están por entregarse más de 400 mil millones en bienes.

"Frente a la decisión del Gobierno Nacional de extraditar varios miembros de las autodefensas, la Fiscalía debe señalar que acata la decisión porque somos respetuosos de esa autonomía, de esa competencia, de esa potestad, de esa discrecionalidad que tiene el Gobierno Nacional para, incluso, orientar esos procesos de paz desde el punto de vista político", dijo Iguarán.

Añadió que: "Sin conocer los motivos de la extradición, tenemos que ser respetuosos de la autonomía del Gobierno Nacional, conscientes que lidera desde el punto de vista político todo este proceso, pues Justicia y Paz es un proceso jurídico-político. Nosotros continuaremos insistiendo en los resultados que nos ha mostrado Justicia y Paz".

Colaboración con la justicia

Lo que está por verse es qué tan dispuestos están los 'paras', pues los delitos de narcotráfico y terrorismo por los que fueron extraditados podrían darles hasta 60 años de prisión en el país del norte. ¿Cuál sería su motivación para entregar bienes y confesar?

El ministro Holguín dice que si siguen en Justicia y Paz se salvarían de la Corte Penal, un fantasma que los ha rondado desde siempre. La entrega de bienes y la confesión haría parte de los acuerdos a los que podrían llegar con la justicia de E.U., si bien tradicionalmente ese país solo se ha interesado por las confesiones que tienen que ver con narcotráfico y la entrega de rutas

Fuentes de la Fiscalía explicaron que quedan 3.280 postulados en la Ley de Justicia y Paz de los cuales quedan cerca de 2.000 para ser escuchados en las versiones ante los fiscales.

"Esa es la base de los paramilitares, ellos saben sobre todos las acciones criminales que cometieron durante años estos grupos ilegales, saben de masacres, desplazamientos, secuestros, extorsiones y sobre los desaparecidos en distintas zonas del país", explicó EL TEIMPO uno de los investigadores.

Los fiscales esperan que estos hombres cuenten la verdad al país y colaboren con la información para la entrega de fosas y que los familiares de las víctimas sepan sobre la suerte de sus seres queridos.

Ahora, los paramilitares que quedan deben satisfacer los requisitos para que no sean expulsados de la Ley de Justicia y Paz y deberán afrontar de manera individual sus procesos de verdad, justicia y reparación y sino quedarían expuestos a perder los beneficios y que sus procesos pasen a manos de la justicia ordinaria donde afrontarían penas hasta de 40 años de prisión.

En cuanto a los jefes paramilitares extraditados, la Fiscalía revisará los mecanismos de cooperación judicial para enviar comisiones judiciales a los Estados Unidos y poder continuar sus versiones para el esclarecimiento de los hechos.

• 'Paras' extraditados seguían delinquiendo e incumplían compromisos de ley de Justicia y Paz: Uribe
• ¿Tras extradición de jefes paramilitares habrá verdad, justicia y reparación?

Sus amigos lo describen como un hombre beligerante, parco, intelectual, pero, sobre todo, rencoroso. Se trata del mismo joven que en los 90 llegó a la brigada XI con sede en Montería (Córdoba) para denunciar la extorsión de la que era víctima su familia.

El frente 38 de las Farc había convertido al gremio de los ganaderos, al que pertenecía Mancuso, en la principal fuente de financiación. Dicen quienes conocen la historia, que Mancuso salió de la brigada con las armas suficientes para dotar a un grupo de ex soldados profesionales que él contrató y que lo acompañaría en su cruzada: combatir a la guerrilla por sus propios medios.

Desde ese momento empezó a liderar a Los Tangueros, un grupo que posteriomente se unió a las filas de Fidel Castaño, que para entonces también enfrentaba a las Farc luego del secuestro y asesinato de su padre, Jesús.

Luego de la desaparición de Fidel, su hermano menor, Carlos, asumió la jefatura de las Auc y, desde entonces, Mancuso se convirtió en su hombre de confianza.

Según su propio testimonio, luego de ingresar a las Auc, se especializó en guerra de guerrillas, en Vietnam, estudió inglés en E.U. y se hizo piloto de helicópteros gracias a las enseñanzas de un capitán retirado del Ejército.

A su cargo estuvo la conformación de la flotilla de helicópteros con que cuentan las autodefensas. Por sus características y formación, era la persona encargada del ala militar de las Auc.

A él le fueron encargadas la conquista del Nudo de Paramillo, ocupar el Sur de Bolívar (territorio del Eln), y controlar la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en los años 90.

La división

Pero más que su importancia dentro de esa organización, lo que más valoraba el desaparecido fundador de las Auc Carlos Castaño de quien siempre fue considerado su mano derecha, es el hecho de que le salvó la vida en una oportunidad de un ataque de las Farc.

El 31 de diciembre del 2000 a las 9:00 de la noche, 100 hombres de un frente de las Farc rodearon la finca El Diamante, en el corazón del Nudo de Paramillo, el fortín de Castaño.

Los guerrilleros lo superaban en hombres y armas. Fue entonces cuando Mancusso apareció en un helicóptero Black Hawk artillado, piloteado por él mismo y desde donde se disparaban ráfagas de fusil que ahuyentaron a los guerrilleros. En medio de los disparos, el helicóptero aterrizó y Castaño subió: "compadre me salvaste la vida", le dijo.

Paradójicamente, Mancuso fue quien posteriormente precipitó la renuncia de Castaño a la comandancia. Fuentes cercanas a esa organización al margen de la ley, aseguran que, aunque desde tiempo atrás Mancuso y sus hombres le cuestionaron a Castaño su debil posición ante la arremetida militar y judicial que el gobierno desató en contra de las Auc, la verdadera crisis estalló el día en que la Fiscalía tocó a la familia de Mancuso, en 2001.

El allanamiento a su casa se hizo en presencia de sus dos hijos y en él murió uno de sus trabajadores. Para Mancuso, la reacción de Castaño ante esta embestida de la justicia fue más que débil. Según las fuentes, Mancuso creía que ya era hora de responderle militarmente al Estado.

Conocido como el 'Mono Mancuso', 'Santander Lozada', 'José Manuel', 'Triple Cero' o 'El Cacique', es hijo del inmigrante italiano Salvatore Mancuso y de la monteriana Gladys Gómez.

Aunque inicialmente los Mancuso llegaron a Montería para instalar sus negocios de metalmecánica, terminaron convirtiéndose en prósperos ganaderos y en una de las familias más respetadas de la región.

El Mono estudió su primaria y bachillerato en el mejor colegio de la región. No obstante, según organismos de inteligencia, allí no existe ningún reporte que demuestre el paso de Mancuso.

Mientras estudiaba ingeniería en la Universidad Javeriana de Bogotá y luego administración agropecuaria, conoció a gente muy importante e influyente en la política del país.

Entre su grupo de amigos figuran varios políticos. Se casó muy joven, con Martha Elena Dereix, hija de una familia tradicional de la región de origen francés, clan que al igual que el de los Mancuso, se dedica al negocio de la ganadería. Dereix es la heredera de la hacienda El Torno, con más 15 mil hectáreas, una de las haciendas más lindas de la región.

Los organismos de seguridad lo comparan con Ricardo Palmera alias 'Simón Trinidad', comandante del bloque Caribe de las Farc, un hombre influyente en Valledupar y de muy buena familia tanto como Mancusso.

Los procesos

Salvatore Mancuso, según él, pasó a la clandestinidad en 1998, tras la consecutiva judicialización de sus acciones, especialmente en Norte de Santander, cuando inició la que ellos llamaron conquista del Catatumbo.

Desde entonces, la Fiscalía ha proferido 10 órdenes de captura en su contra. La primera de ellas fue proferida por la Dirección de Fiscalías Regional Cúcuta, por secuestro extorsivo, el 10 de septiembre de 1997.

Posteriormente, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía profirió medida de aseguramiento por el delito de homicidio y presunto paramilitarismo, el 18 de septiembre de 1997.

Otras cuatro ordenes de captura por el delito de homicidio, lesiones personales y concierto para delinquir ordenó la Fiscalía Regional de Bogotá, dentro de los procesos 13237, 25719, 334, 091 y 279U.

El 7 de octubre de 1997, la Dirección Regional de Fiscalías de Norte de Santander ordenó su detención por secuestro extorsivo y paramilitarismo.

El 13 de noviembre de 1997, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá profirió medida de aseguramiento por el delito de homicidio.

El 19 de noviembre, la Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá, ordenó detención por el delito de homicidio.

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• ¿Tras extradición de jefes paramilitares habrá verdad, justicia y reparación?

Iván Roberto Duque 'Ernesto Baez'

"Ernesto Báez" es el alias de Iván Roberto Duque Gaviria, quien de líder político en la región del Magdalena Medio pasó a jefe paramilitar del denominado bloque central Bolívar (Bcb). Nació hace 53 años en el municipio caldense de Aguadas y fue el gestor de dos movimientos políticos: la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam) y el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) ante de entrar a al clandestinidad como asesor político de las Auc al mando de Carlos Castaño. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo investiga por su presunta relación con varios cargamentos de cocaína incautados en ese país. En Colombia tiene una condena de 13 años por conformación de grupos paramilitares, incluso, el embajador de Estados Unidos en Colombia no descartó que su gobierno solicite en extradición a Ernesto Báez, detenido en ese penal, y quien reconoció ser el dueño del dinero decomisado.

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• ¿Tras extradición de jefes paramilitares habrá verdad, justicia y reparación?

"Tal como lo ha dicho el presidente (George W. Bush) ... lo más
importante que el Congreso estadounidense puede hacer, por la
seguridad y prosperidad y seguridad de nuestro hemisferio y nuestra propia comunidad, es aprobar el tratado de libre comercio con Colombia", agregó.

''Vamos a seguir promoviéndolo'', puntualizó la portavoz de la
Casa Blanca, resaltando al mismo tiempo la Iniciativa Mérida, que
está avanzando en el Congreso.

Colombia extraditó en la madrugada de hoy a Estados Unidos a 14 paramilitares que estaban encarcelados, algunos por cargos de narcotráfico, y que habían vuelto a delinquir desde la prisión, según las autoridades. La semana pasada extraditó al primer líder paramilitar, Carlos Mario ''Macaco'' Jiménez, por cargos de drogas.

WASHINGTON
AP

• ¿Tras extradición de jefes paramilitares habrá verdad, justicia y reparación?

En desarrollo de las negociaciones se estableció que había pagado una cuantiosa suma de dinero a Diego Fernando Murillo, 'don Berna', para que lo incluyera como jefe del bloque Héroes de Granada de las Auc, con mil hombres al mando.

'El Tuso' fue solicitado en extradición por Estados Unidos para juzgarlo por el delito de narcotráfico el 17 de septiembre del 2002 cuando el Tribunal para el Distrito de Columbia lo señaló de haber organizado y supervisado el transporte de varias toneladas de cocaína desde Colombia a Estados Unidos y España, por aguas internacionales. Lo señalan de concierto para importar, fabricar y distribuir cocaína a Estados Unidos.

Los jueces cuentan con pruebas que relacionarían a Sierra con el envío de 8,8 kilos de cocaína que recibió de manos del extinto Carlos Castaño.

El 16 de septiembre del 2002 la Corte Suprema de Justicia autorizó el pedido de extradición del 'Tuso'. Fue avalada por el presidente Uribe el 27 de septiembre de ese mismo año.

El Gobierno anunció ese día que no reconocía a Juan Carlos Sierra como negociador de las autodefensas en Santafé de Ralito, por sus posibles vínculos con el narcotráfico y ordenó su detención.

Pocos días después, el 5 de octubre, el gobierno Nacional reveló la lista de los ocho integrantes de las Auc, solicitados en extradición, grupo en que estaba el nombre de Sierra por narcotráfico.

En ese entonces el alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, admitió que su inclusión en la lista de negociadores había sido una irregularidad en el proceso de negociación.

Sin embargo, en el 2004 se entregó a las autoridades en Rionegro (Antioquia) como miembro desmovilizado  de las autodefensas y el Gobierno suspendió su extradición. Esta mañana fue incluido en el grupo de 13 ex jefes 'paras' extraditados.

Uribe tenía las herramientas jurídicas

• 'Paras' extraditados seguían delinquiendo e incumplían compromisos de ley de Justicia y Paz: Uribe
• ¿Tras extradición de jefes paramilitares habrá verdad, justicia y reparación?

En los correos, fechados entre el 8 de enero y el 28 de abril del 2008, las Farc hablan de la llegada, desde Nicaragua, de armas y de TNT y del ajusticiamiento a guerrilleros por temor a que entreguen a sus jefes.

u.investigativa@eltiempo.com.co

Según sus abogados defensores "Macaco" no solo tenía una visa valida para viajar a E.U. sino que lo visitó en múltiples ocasiones y hasta el año 2001.

De acuerdo Rick Díaz, el abogado de la Florida que contrató Jiménez para que se encargue de su defensa, el paramilitar visitó varias veces un hospital en Filadelfia donde trataron a su hijo de una severa enfermedad.

Según Díaz, de hecho, Macaco retuvo su visa hasta hace poco cuando fue incluido formalmente en la "Lista Clinton" que produce el departamento del Tesoro de E.U.

La inclusión en la lista, generalmente por cargos de narcotráfico, supone la pérdida automática de la visa estadounidense.

Los argumentos de la defensa se presentaron en una audiencia convocada para determinar si Jiménez podía salir bajo fianza. Para Díaz, sus viajes a E.U, eran prueba de que no era un extraño para la comunidad, una causa que se suele invocar a lo ahora de negar la libertad previo pago de un momento que fija el juez.

Los defensores afirmaron también que el "paramilitar" tiene parientes residiendo legalmente. Entre ellos mencionaron a dos hermanas, un hermano y un cuñado.

Su madre, dijeron, visita con regularidad la Florida, donde tiene un apartamento.

Estos, incluso, ofrecieron usar sus bienes, que sumarían un millón de dólares, como pago de la fianza.

La propiedad de su madre estaría avaluada en 300.000 dólares, otra de Juan Geraldo y Carmenza -cuñada y hermana, otros 300.000 mil, la de una hermana Sandra por 130.000 y una adicional de su hermano Samuel en Texas.

El juez, no obstante negó, la fianza y ordenó su arresto indefinido pues Macaco no cuenta ni siquiera con un estatus legal en E.U. y existiría alto riesgo de que escapara o fuese detenido por las autoridades migratorias y luego deportado.

La defensa también alegó que la extradición del líder paramilitar había sido ilegal pues no se agotaron las instancias jurídicas que se requerían. "Horas después del fallo del Consejo Superior de la Judicatura se le montó en un avión sin esperar el concepto de la Corte Constitucional tenía la última palabra", dijo Díaz.

Aunque el juez se lavó las manos al indicar que la legalidad de la extradición escapaba de su jurisdicción, para los abogados era importante plantearlo por si en el futuro la Corte Suprema, o la Constitucional fallan que su extradición estuvo viciada.

El proceso contra "Macaco"  apenas se encuentra en sus etapas preliminares y no se espera un juicio formal hasta antes de un año. Eso si el acusado no llega a un arreglo con la justicia antes.

Chiquita la puso en evidencia

Directivos de Chiquita le confesaron a la justicia de Estados Unidos que entre 1997 y febrero del 2004 les transfirieron a los 'paras' 1,7 millones de dólares a través de Papagayo, por lo que la empresa tuvo que pagar una multa de 25 millones de dólares.

Además, paramilitares como Salvatore Mancuso y Éver Veloza, 'HH', han declarado que no solo la multinacional sino todas las bananeras de Urabá aportaban 3 centavos de dólar por caja de fruta exportada, empleando el mismo canal.

Una fuente de la Super indicó que hubo varias razones para negarle la licencia a Papagayo o Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad, como también se conocía esa Convivir. En primer lugar, una asociación de servicios especiales de seguridad los puede conformar un grupo empresarial o poblacional para su autoprotección, pero en este caso se trataba más de una empresa que le vendía el servicio a un tercero (los bananeros).

Además, "el concepto de todos los alcaldes y jefes de la Fuerza Pública era fundamental y no todos estuvieron de acuerdo", dijo la fuente.

La historia oficial de Papagayo comenzó en 1999

1. Se empezaron a crear en Urabá en 1995 como Servicios Especiales de Seguridad. Las amparaba el Decreto 356 y la Resolución 368 de la Supervigilancia. En 1997, tras escándalos por desmanes, les prohibieron usar armas largas.

2. En 1997, habrían empezado a canalizar recursos de Chiquita Brands y otras bananeras hacia los 'paras'.
En 1999 varias convivir se unen en la Asociación Papagayo, que obtuvo licencia el 18 de febrero (Resolución 11358).

3. El 22 de mayo del 2001, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de les negó la licencia (Resolución 985), interpusieron recurso de reposición y el 30 de junio se las otorgó nuevamente por dos años más.

4. Desde el 2003 Papagayo renovó la licencia y comenzó a llamarse Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad (Res. 3561 del 19 de octubre), pero en febrero del 2007 (Res. 742) la Super le negó una nueva renovación. En noviembre confirmó la decisión.

No llega cooperación de Estados Unidos sobre Chiquita Brands

El silencio de las autoridades judiciales de Estados Unidos podría dejar en la impunidad el capítulo norteamericano de los pagos de la multinacional Chiquita Brands a los grupos paramilitares de Urabá y Magdalena.

Un año y dos meses después de que se anunció el acuerdo entre Chiquita y el Departamento de Justicia de E.U., que estableció una multa de 24 millones de dólares por apoyo a grupos terroristas en el exterior, las autoridades colombianas no han logrado conocer oficialmente el nombre de los ejecutivos de la multinacional que autorizaron o estuvieron al tanto de esos pagos ilegales.

La preocupación de la Fiscalía radica en que el proceso se inició en noviembre del 2006 y en 6 meses cumplirá dos años, tiempo que tienen los investigadores para armar el caso. Pasado ese lapso, según la ley, si no hay pruebas para acusar individualmente a los presuntos responsables se dictará preclusión. Terminará el proceso y no podría ser reabierto por los mismos hechos.

"Existe un término legal para adelantar la instrucción bajo la Ley 600 de 2000. Si transcurre ese termino y no se puede recoger la prueba necesaria para una acusación, se impondría una preclusión", explicó a este diario el vicefiscal general, Guillermo Mendoza.

Aunque la Fiscalía envió a través de los canales diplomáticos una carta de asistencia judicial a las autoridades de Estados Unidos para que suministren los nombres de las personas que durante el 2000 y el 2004 estuvieron dirigiendo la empresa, la información no ha sido entregada. Además, el propio fiscal general, Mario Iguarán, ha hecho la misma petición en reuniones con funcionarios de ese país.

Lo que quiere la Fiscalía es saber quiénes en Chiquita supieron de los pagos de cerca de 1,7 millones de dólares a los paramilitares y a grupos guerrilleros entre 1997 y el 2004. La preclusión según Mendoza "pudiera darse si Estados Unidos no proporciona la asistencia judicial necesaria para identificar completamente los autores de la conductas ilícitas mencionadas y evidencias que puedan apuntalar esa responsabilidad". De hecho, el Vicefiscal hizo un llamado a las autoridades de E.U. "para que presten la asistencia que normalmente Colombia les da a ellas en los casos que pueden interesarles".

Entre tanto el proceso contra los implicados en Colombia avanza.
El último paso fue la captura, el 29 de abril pasado en Cúcuta, del empresario bananero Raúl Hasbún.

Este hombre, según las investigaciones, se convirtió en el puente entre la multinacional y los hombres de las Auc en los pagos. Él mismo formó parte de las Auc y se desmovilizó en medio del proceso de Ralito. Por eso mismo, en su diligencia de indagatoria mantuvo silencio y pidió acogerse a La ley de Justicia y Paz.

Se repetiría irregularidad de caso Jamundí

El caso legal contra la Convivir Papagayo tiene similitudes con el de la masacre de 10 policías y un civil en Jamundí (Valle).

En el primero de ellos se suscitó un escándalo al conocerse que Teobaldo Latorre -sobrino del general (r) Pauxelino Latorre- quien se desempeñó como fiscal auxiliar en la misma investigación, ofreció luego sus servicios para la defensa del coronel (r) Bayron Carvajal y de los otros 15 militares implicados y condenados la semana pasada.

Esta vez, la abogada de los ex directivos de la Convivir que están presos, Liceth Maira Álvarez, fue fiscal en Urabá en el tiempo en el que ocurrieron los supuestos pagos de Chiquita a los 'paras'.

El 10 de abril pasado el Juzgado 8 Penal del Circuito de Medellín le negó en segunda instancia una petición de habeas Corpus que buscaba lograr la libertad de sus defendidos.

Para la jueza, Álvarez está impedida para ejercer en este caso por haber actuado dentro del mismo negocio como Fiscal Única de Urabá "y poseer en consecuencia información privilegiada".

La abogada fue funcionaria de la Fiscalía hasta el 9 de enero pasado y la Ley 1123 del 2007 y el Código Penal (Ley 600 del 2000) establecen que para litigar debía esperar un año a partir de que se hiciera efectivo el retiro.

Ese mismo argumento fue expuesto por la Fiscal 29 Especializada de Medellín, Alicia Domínguez, para negarle el acceso al expediente 1041768.

Pero la controversia viene de parte y parte. De hecho, el primer acto de la ex fiscal Álvarez como representante de Carlos Alejandro Jaramillo, Alberto Osorio, Arnulfo Peñuela y Antonio Arboleda, fue recusar a Domínguez por un supuesto 'desencuentro' que tuvieron como colegas cuando ella fue ocasionalmente coordinadora de fiscales especializados y por tanto jefa de Domínguez. La Procuraduría General de la Nación no acogió el argumento.

En un principio las investigaciones contra Papagayo y la multinacional Chiquita Brands hacían parte del mismo expediente 1007839, pero en febrero de este año el fiscal general, Mario Iguarán, se la asignó a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Domínguez, quien goza de protección especial por las amenazas que ha recibido a través del correo electrónico y por otras vías, rompió la unidad procesal y decidió continuar manejando la indagación contra Papagayo.

También una testigo, Carmen Palencia, al parecer ha sido intimidada y tuvo que salir de Urabá.

DEL ENVIADO ESPECIAL
REDACCIÓN NACIONAL
URABÁ ANTIOQUEÑO
REDACCIÓN JUSTICIA

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MEDELLÍN

El funcionario advirtió que el mismo Gobierno autorizó el uso de computadores y teléfonos celulares. "Si estaban delinquiendo por estos medios, pues eso es responsabilidad del Gobierno Nacional", dijo Mayorga.

Desde hace unos meses se viene llevando a cabo una investigación en la Fiscalía y en el mismo Inpec contra guardianes de la cárcel de Itaguí después de haber encontrado armamento y dinero en uno de los patios donde estaban recluidos los jefes paramilitares.

REDACCIÓN JUSTICIA

• 'Paras' extraditados seguían delinquiendo e incumplían compromisos de ley de Justicia y Paz: Uribe

Para Eduardo Carreño, abogado del Colectivo José Alvear, quien defiende a las víctimas de la masacre de Mapiripán, supuestamente ejecutadas por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, afirmó que la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos es un fuerte golpe a las víctimas.

"Los derechos de las víctimas se han desconocido abiertamente. De los 36.0000 desmovilizados en el marco jurídico, solo había 55 presos. Ahora quedan 40. La impunidad es del 96 por ciento. Y en eso, el presidente Uribe ha incumplido las órdenes de la justicia", dijo Careño.

El abogado afirmó que, además de insistir ante la Corte Penal, se buscará con abogados y organizaciones sociales en Estados Unidos para "ver qué se puede hacer" para obtener justicia, verdad y reparación.

Así mismo, anunciaron que van a insistir en Colombia para que los jueces sigan interrogando sobre las masacres y asesinatos de los que se acusan a los jefes 'paras'.

"Con la extradición, los casos quedaron debilitados. Allá es muy difícil que los puedan investigar. Tanto el Gobierno Nacional como el americanos nos mienten al decir que desde allá se puede lograr la reparación a las víctimas. Los jueces y fiscales tendrá que ir a los Estados Unidos para las indagatorias, algo que es muy difícil", dijio Carreño.

Y agregó: "Si las víctimas difícilmente podían ir a las audiencias acá en Colombia, como será en Estados Unidos".

REDACCIÓN JUSTICIA

• 'Paras' extraditados seguían delinquiendo e incumplían compromisos de ley de Justicia y Paz: Uribe

Mayo 25: La Fiscalía ordena capturar a Diego Murillo ('Don Berna'), por el asesinato en abril de un diputado. Este se fuga, pero se entrega dos días después.    

Octubre 7: Las AUC suspenden las entregas de armas ante el traslado de 'Don Berna' a una cárcel de alta seguridad y por temor a que lo extraditen a Estados Unidos. El 10 de octubre el Gobierno cede y traslada a Murillo a una prisión cerca de su feudo en Medellín.    

Octubre 25: Uribe cambia la cúpula del servicio secreto (DAS) por denuncias de filtración de información a los paramilitares.

2006

Marzo 8: En Washington, el Departamento de Estado asegura en su informe anual sobre derechos humanos que los paramilitares siguen perpetrando crímenes.    

Marzo 11: Las autoridades encuentran el computador de Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40'), jefe paramilitar de la costa norte, en el que se menciona a varios congresistas, políticos y funcionarios que estarían vinculados a las Autodefensas.     

Abril 17: El comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, anuncia que "las AUC se acabaron" y que 30.150 combatientes entregaron las armas, y que al menos 604 responderán por delitos de lesa humanidad.     -

Mayo 18: La Corte Constitucional avala la ley de beneficios judiciales a los paramilitares desmovilizados, pero con condiciones.    

Junio 13: El portavoz de las AUC, Ernesto Báez, dice que el proceso de paz está "agónico" por esos condicionamientos de la Corte.     

Agosto 16: Uribe ordena a la Policía recluir a los principales jefes paramilitares en un antiguo centro vacacional cerca a La Ceja (noroeste).    

Diciembre 1: Uribe traslada a una cárcel de alta seguridad en Itagüí (noroeste) a 59 jefes paramilitares desmovilizados, argumentando un posible plan de fuga.    

2007

Febrero 2: La Corte Suprema llama a indagatoria a 60 personas, entre ellas un ex candidato presidencial, ex congresistas y ex funcionarios, y otros familiares de la canciller María Consuelo Araújo, en el mismo proceso.    

Febrero 16: La Corte ordena la captura de seis congresistas, entre ellos al hermano de la canciller, por vínculos con grupos paramilitares. Cinco de ellos son detenidos y el sexto se encuentra fuera del país.    

Febrero 19: La Canciller Araújo renuncia al cargo, pese a que Uribe había insistido en mantenerla en ese ministerio.    

Abril 22: El ex senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe, es capturado por la Fiscalía General por vínculos con paramilitares, pese a que intentó evadir ir a prisión pidiendo asilo a Costa Rica, que se lo negó.    

Mayo 1: La Corte Suprema de Justicia abre investigación al senador Armando Benedetti, estrecho aliado del presidente colombiano, con lo que ascienden a 63 los congresistas investigados por nexos con los paramilitares y a 32 los legisladores que se  encuentran detenidos.    

Mayo 6: Organizaciones de derechos humanos denuncian un robo masivo de información de víctimas de paramilitares que buscan ser reparadas.  

• 'Paras' extraditados seguían delinquiendo e incumplían compromisos de ley de Justicia y Paz: Uribe
• ¿Tras extradición de jefes paramilitares habrá verdad, justicia y reparación?