Los comandantes de región y comandantes de división y brigada de ambos países mantendrán una comunicación permanente con miras a evitar incursiones y ataques de grupos armados ilegales.

Esta cooperación implica también un intercambio constante de información, con miras a prever potenciales amenazas a la seguridad.

"Los ministros decidieron intensificar la comunicación y elevar el nivel del intercambio entre los organismos de seguridad, así como desarrollar nuevos mecanismos de trabajo que permitan mejorar la cooperación en temas de seguridad en las zonas fronterizas, los cuales serán implementados de manera inmediata, mediante la coordinación militar a nivel de comandantes de región y comandantes de división y brigada de ambos países", señala el comunicado expedido al término de la reunión.

El canciller venezolano reiteró que "no se permitirá ninguna actividad a grupos ilegales de ningún tipo en Venezuela". (Lea: Venezuela dice que posible presencia de Farc recibirá 'mano férrea')

Por su parte, Holguín dijo que "fortalecer la cooperación es la única manera que podemos tener un frontera segura", y le agradeció al presidente venezolano, Hugo Chávez, la cantidad de personal que decidió trasladar a la frontera.

De igual forma, "lamentaron la muerte de los 12 militares en el corregimiento La Majayura, departamento de La Guajira, en el norte de Colombia", al tiempo que reiteraron la voluntad de los gobiernos de Colombia y Venezuela de mantener el buen estado de la relación bilateral.

"El crimen de los 12 soldados en la frontera con Venezuela es una situación muy difícil y triste. Es un asesinato infame de soldados de la Patria que luchan por que nosotros tengamos seguridad", afirmó la canciller Holguín.

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Sobre este tema no hay consenso y algunos de los ponentes se inclinan por dejarlo como viene de Senado, ampliado a 12 años.

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La reforma judicial entra a séptimo debate en la Comisión Primera de la Cámara la próxima semana y, hasta el momento, hay acuerdo entre los ponentes para mantener esta medida en el texto.

Prueba sería obligatoria

Por otro lado, la Comisión Sexta de la Cámara está pendiente de darle tercer debate a un proyecto de ley para reformar el Código de Tránsito que, entre otras cosas, hace obligatoria la prueba de alcoholemia cuando es solicitada por la autoridad. Se establece el grado uno de alcoholemia para castigar todos los niveles de alicoramiento.

Juan Lozano, autor de la iniciativa, afirmó que "quienes estén en grado uno de alcoholemia se hacen acreedores a todas las sanciones administrativas y se reduce prácticamente a cero el nivel de tolerancia con el alcohol".

Esto permite que las autoridades puedan inmovilizar el vehículo de quien conduzca en algún grado de embriaguez y ordenar la suspensión inmediata de su licencia de conducción.

Esta iniciativa será abordada la próxima semana y tiene ponencia positiva. De ser aprobada, pasaría a su último debate en la plenaria de la Cámara.

Corte no se oponía a ley

Aunque la Corte Suprema se ha pronunciado sobre el exceso de leyes que han contribuido al hacinamiento carcelario, nunca ha hecho referencia al proyecto que se hundió en el Congreso. Lo que sí criticó fue la excesiva aprobación de normas que todo lo resuelven con prisión. En una reciente tutela, ese tribunal advirtió que, "así como es elección del Estado impulsar una política de criminalización (...), con esa misma diligencia debe actuar frente a las consecuencias que estas generan".

Cara y sello de iniciativa contra borrachos que se hundió

¿Cuál fue su argumento para oponerse?

La propuesta que nos traen implica que después de un procedimiento que puede durar más de seis meses, al contraventor le aplican una multa que puede ser convertida en arresto los fines de semana. Esto no evita lo que los ciudadanos queremos, y es que inmediatamente cojan al conductor ebrio le apliquen la sanción. Para llegar a una sentencia, según lo que estaba en el proyecto, se requiere la acusación de un fiscal, de la policía judicial que hizo los exámenes al principio y la asistencia de un perito para determinar el estado de embriaguez, dictamen que puede ser controvertido. Además, se necesita un juez de garantías y uno de fallo, y este último tendrá que citar una audiencia con un defensor y un acusador. Termina eso y el proceso podrá ser apelado.

¿Su oposición fue jurídica, no filosófica?

Cuando era juez permanente de Bogotá apliqué una gran cantidad de sanciones porque me lo permitía la ley. Encontraba borrachos y les metía hasta 72 horas de cárcel.

¿A los ponentes y a la autora del proyecto les faltó asesoría?

No los critico. En estas situaciones deben aplicarse sanciones breves, pero rápidas.

¿Qué propone?

Montar el sistema de pequeñas causas. Hay que hacer una ley que determine quién será el encargado de aplicar sanciones, que en un procedimiento, que ya no requerirá la presencia de un fiscal, el inspector de Policía haga la acusación inmediata contra la persona que maneja ebria.

Gloria Stella Díaz, del Mira, es la autora del proyecto

¿Por que se hundió el proyecto?

A algunos congresistas les pareció que las penas eran muy altas, y no comparten llevar esto a delito. El otro argumento era que se generaba un antecedente judicial por la pena del arresto, y eso crearía una inhabilidad para acceder a cargos de elección popular.

Navas dice que no hay necesidad de elevar esto a delito y que con una contravención bastaría...

Esa fue una posibilidad que se discutió al final. Él hablaba del hacinamiento carcelario y también le dimos respuesta a eso. Los conductores encontrados bajo los efectos del alcohol no necesariamente tienen que ir a centros penitenciarios, pueden ir a casas-cárceles de centros de integración.

¿Cree que casos como el del senador Merlano, que habría conducido ebrio, influyeron en el hundimiento del proyecto?

Es posible.

Ha dicho que volverá a presentar el proyecto, ¿qué modificaciones le hará?

Estamos dispuestos a dialogar, porque fueron 45 votos en contra y 44 a favor. Incluso con el doctor Navas, que ha sido uno de los grandes opositores del proyecto.

¿Aceptaría que conducir ebrio no sea un delito sino una contravención?

Podríamos hablarlo, pero lo que sí es un punto de honor es que una persona después de haber ingerido licor, sin importar la cantidad, no puede ponerse frente al volante. El tema de si es una nueva conducta penal o una contravención se puede discutir.

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El documento le dedica un capítulo a Colombia y hace una preocupante radiografía sobre la materia.

El argentino Marcelo Pollack, investigador de esta ONG para Colombia, habló con EL TIEMPO sobre el reciente reporte y sobre lo que esta organización internacional advierte como "un gran revés para la justicia": el marco legal para la paz y el proyecto de fuero militar, que avanzan en el Congreso.
 
El panorama que describe Amnistía en su informe es desolador, ¿Hay algún avance con respecto a informes anteriores?
 
Es positivo el compromiso que el Gobierno sigue expresando por los derechos humanos. Especialmente se notó un cambió en el clima hostil que marcó el gobierno del presidente Álvaro Uribe. También hubo un cierto acercamiento a las organizaciones de derechos humanos; se aprobó la ley de víctimas y restitución de tierras y se rechazaron las amenazas y los homicidios de defensores de derechos humanos. Pero seguimos muy preocupados con el hecho de que aún no se han notado mejoras tangibles. Y que a pesar de la buena intención del Gobierno con la ley de víctimas son alarmantes las amenazas para socavar esta iniciativa.

¿Cuál es la gran constante?

Los abusos en derechos humanos son los mismos de siempre: desplazamiento forzado, homicidios, violencia sexual. Y las víctimas en mayor riesgo son las mismas: indígenas, comunidades afrocolombianas, campesinos, defensores de derechos humanos y sindicalistas.

¿Qué otros problemas advierte Amnistía Internacional?
 
Las reformas del marco legal para la paz y la reforma al fuero militar que están en el Congreso son dos temas que preocupan mucho a Amnistía Internacional. Pensamos que marcaría un reverso significativo en la lucha contra la impunidad aprobar estas dos iniciativas.

Pero ese tema apenas lo tocan someramente en el informe ¿Cuál es el argumento de Amnistía Internacional para creer que sería un revés?

Creemos que es un error seguir adelante con estas medidas, especialmente para el presidente Juan Manuel Santos que ha tenido cierto éxito en presentarle a la comunidad internacional la visión de un Gobierno que está en pro de los derechos humanos, en contra de la impunidad y que ha mantenido una relación bastante cordial y positiva con las organizaciones de derechos humanos tanto en Colombia como en el exterior.  El presidente Santos se apropió de estos temas que eran muy difíciles de abordar antes y por eso pensamos que aprobar estos proyectos socavarían los esfuerzos del Gobierno para convencer a la comunidad internacional de su compromiso por los derechos humanos y por la lucha contra la impunidad.

¿Concretamente qué le preocupa del proyecto de fuero militar?
 
En Colombia hay una larga historia de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, por esa razón en 1991 la Corte Constitucional prohibió la investigación por parte de la justicia penal militar de hechos que se clasifican como violaciones a los derechos humanos. Por eso hoy es la justicia ordinaria la que determina si un acto deber ser investigado por la justicia penal militar o por la justicia ordinaria. Esta reforma pretende que sea la justicia penal militar la que defina qué casos tiene que llevar. En nuestra opinión la justicia penal militar no debería en ningún caso definir si hubo una violación de derechos humanos o no.
 
¿Y del marco legal para la paz?
 
Nos preocupa el tema de querer priorizar casos y que eso solo deje impunidad. Este método no debería implicar el abandono de la investigación de violaciones de derechos humanos.
 
¿Cómo ve Amnistía el papel de las Fuerzas Armadas?
 
El informe anual resalta que es claro que las ejecuciones extrajudiciales se han reducido en comparación con las cifras altísimas que se presentaron durante el periodo anterior. Para febrero de 2011 se registraron 17 casos. La preocupación mayor es la impunidad, se han dado escasos avances por parte de la Fiscalía.
 
Ante el panorama de violaciones de derechos humanos que describe el informe, ¿cómo ve Amnistía una agenda de paz con las Farc?
 
Lo que hemos dicho reiteradamente durante muchas décadas es que cualquier proceso de paz en Colombia debe respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.  Sin que eso suceda no va a existir una posibilidad de paz duradera. Por ejemplo, las Farc aún deben hacer una declaración pública que diga que le pone fin a todo tipo de secuestro. No hay excusa ninguna para que tengan en su poder al periodista Romeó Langlois.
 
Natalia Herrera Durán
Redacción Política

El programa Familias en Acción es uno de los ejes fundamentales de la estrategia del Gobierno Nacional para el combate de la pobreza, que, según el Dane, en el 2011 bajó al 34,1 por ciento (15,2 millones de pobres).

El senador Lozano explicó que "actualmente hay cerca de 2'100.000 beneficiarios".

Se espera que para finales de este año esta cifra se haya incrementado en 200.000 beneficiarios, llegando a 2'300.000.

"El Plan de Desarrollo contempló una cifra cercana a 2'600.000 para el 2014, pero esperamos que, con la nueva ley, pueda crecer un poco más", agregó el jefe del Partido de la U.

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De acuerdo con primeras informaciones, el presunto guerrillero identificado como Andrés Felipe Ríos Giraldo fue capturado este miércoles en Bogotá con diez estopines para activar artefactos explosivos y propaganda de las Farc en su poder.

El sujeto fue capturado por un grupo antiterrorista de la Policía y la Fiscalía en el barrio El Paraíso, en el sector de Ciudad Bolívar.

La Fiscalía investiga si el capturado tiene relación con el atentado contra el exministro Fernando Londoño.

El hombre fue presentado ante la Juez cuarta especializada para legalizar su captura mientras que se mantienen los operativos en otros sectores de la ciudad.

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"A mí me eligieron para conducir una gran embarcación que se llama Colombia", sostuvo Santos, quien afirmó que como capitán de esa nave tiene "muy bien identificado" el puerto de destino.

"Vamos por buen camino, nos estamos acercando a esa ciudad, a ese puerto de destino que diseñamos desde un principio, y nadie nos va a hacer cambiar de rumbo", afirmó.

Y agregó: "Nuestro puerto de destino es una Colombia más segura y en paz. En paz por la razón o por la fuerza. Una Colombia más equitativa, con menos injusticias, con menos pobreza y con una economía que genere cada vez más empleo, competitiva, que pueda financiar los problemas sociales".

Las palabras del Presidente tienen lugar en momentos en los que ataques de grupos al margen de la ley han exacerbado las críticas sobre e manejo que el Gobierno le está dando a la seguridad.

"En seguridad, seguimos avanzando positivamente a pesar de reveses que hemos sufrido. Estamos en una guerra. En toda guerra hay reveses, pero el balance neto es muy positivo", afirmó.

"Sí, vamos por el mar y hay tormentas. Y todo capitán tiene que usar esos vientos en forma favorable. Inclusive si hay huracanes tiene que maniobrar, pero no perder el rumbo", señaló el Presidente.

La que pasó fue una de las semanas más complejas para la administración Santos. A un frustrado ataque con carro bomba, atribuido a las Farc, se sumó el atentado contra el exministro Fernando Londoño. El Gobierno y las autoridades todavía desconocen quién o quiénes son los responsables de esa acción.
A esto sumó la muerte de 12 militares en La Guajira, a manos de las Farc.

El Presidente dijo que "hay mucho tiburón por ahí", pero que "no nos van a hacer ninguna mella, porque esta nave va a seguir con un rumbo muy definido". "Nada ni nada nos hará cambiar de rumbo", puntualizó.

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El senador Armando Benedetti cuestionó que el Ministerio de Defensa ha manejado muy mal los temas de crisis en el país y cuestionó las contradicciones que hubo luego del secuestro del periodista francés Roméo Langlois.

"Por estar echándose la culpa los unos a los otros el país terminó creando un espectáculo internacional. Por andar buscando opinión las cosas les salió al revés. El Ejército les puso en bandeja a Langlois", sostuvo Benedetti, quien reclamó un urgente protocolo para los periodistas que cubren el conflicto interno.

"Cada persona que cubra el conflicto tiene que tener un entrenamiento militar. El casco y el chaleco tienen que ser suministrados por el medio. Y cada vez que el periodista sea llevado por el Ejército, debe decir que fue llevado por el Ejército, porque aquí la primera víctima es la verdad de lo que está sucediendo" sostuvo el senador.

Por su parte, el congresista Camilo Romero fue más allá y le reclamó al Gobierno la responsabilidad política que le recae por el secuestro del Langlois.

"Lo humanitario debe estar por encima de lo mediático", sostuvo Romero al cuestionar que a la guerra ideológica ahora se le sumó la guerra mediática.

"Debemos comprometernos a crear un protocolo de cubrimiento del conflicto sin limitar la libertad de prensa", sostuvo Romero.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, agradeció las palabras de los senadores y las consideró como críticas constructivas al referirse al tema del manejo de la comunicación que ha tenido el Gobierno en situaciones de crisis.

Sin embargo, dijo que en su caso no ha emitido información hasta no estar completamente seguro de que la información es veraz.

"Soy el primero que creo que las comunicaciones se deben manejar con orden, pero hoy en día cualquiera con un Twitter se da el lujo de desinformar", sostuvo.

Al hablar de la situación del cubrimiento del conflicto en Colombia, el Ministro sostuvo que ya dio instrucciones para realizar unas reglas para los periodistas.

"Exigir ciertas capacidades personales. Pronto publicaremos unas directivas, pero pueden estar seguros de que no vamos a tomar como consecuencia de este caso la negación de que los periodistas tengan la libertad de informar", indicó Pinzón.

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Así reaccionó el jefe de Estado frente al frustrado atentado contra su antecesor, Álvaro Uribe, en Buenos Aires.

Santos también instruyó a la Policía Nacional para avanzar en las investigaciones sobre el asunto.

"Pedí al General Naranjo llegar hasta el fondo de las investigaciones sobre artefacto encontrado en Argentina donde hablaría Presidente Uribe", agregó Santos.

El explosivo fue descubierto por personal de seguridad en el segundo piso del Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde estaba prevista una conferencia en la que intervendría el expresidente Uribe.

La policía Federal desactivó el artefacto colocado en una lámpara, y listo para ser activado por teléfono celular.

El artefacto fue hallado por un empleado de limpieza cerca del mediodía, durante un repaso de rutina. El trabajador dio aviso a los responsables y de inmediato la brigada antiexplosivos se hizo presente en el lugar y evacuó el edificio.

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Así lo anunció la canciller María Ángela Holguín, al término de una reunión con su colega surcoreano Kim Sung-Hwan, con quien también lanzó una estampilla conmemorativa de los 50 años de relaciones diplomáticas entre los dos países.

"Como se sabe, estamos en la negociación de un TLC con Corea, la cual se inició con la visita del presidente Santos a ese país el año pasado. Creo que ya no nos queda sino una última ronda de los negociadores, y esperamos que los señores presidentes firmen este Tratado", sostuvo la ministra.

Holguín destacó que Colombia siente a Corea del Sur como un país "muy cercano", razón por la que se ha elevado "la relación al nivel de alianza estratégica".

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"Me encontraba en  perfecto estado de sobriedad en el momento en que tres patrulleros de tránsito me solicitaron detenerme, presentar mis documentos y realizar la prueba de alcoholemia. (...) Además me encuentro bajo tratamiento médico tras una cirugía en la columna vertebral y los medicamentos de mi tratamiento tienen como contraindicación ingerir alcohol", aseguró en el comunicado.

Agregó que "me negué a realizar el examen de alcoholemia porque es un legítimo derecho de cualquier ciudadano negarse a hacerlo, a menos que sea razonablemente inferible que el conductor esté bajo el influjo de bebidas embriagantes".

En el último apartado del comunicado se lee que "pido disculpas por los malentendidos que generó este incidente y espero que con esta declaración se le ponga punto final al mismo"

Este martes, el senador Eduardo Merlano había afirmado que no tiene por qué dar más explicaciones, mientras que su partido, 'la U', reprochó su actitud.

Comunicado

DECLARACIÓN DEL SENADOR MERLANO
 
Frente al debate generado por la situación que se presentó el 12 de mayo en Barranquilla, con tres patrulleros de la Policía y el suscrito, me permito precisar lo siguiente:

- Me encontraba en  perfecto estado de  sobriedad, en el momento en que tres patrulleros de tránsito, me solicitaron detenerme, presentar mis documentos y realizar la prueba de alcoholemia.
- Cuando les informé que era Senador, los patrulleros continuaron con sus  solicitudes a pesar de ser evidente que me encontraba completamente sobrio, lo que sin duda me molestó. Además me encuentro bajo tratamiento médico tras una cirugía en la columna vertebral y los medicamentos de mi tratamiento tienen como contraindicación ingerir alcohol.

- Cuando me solicitaron grabar en video,  di mi autorización, aunque me pareció extraño pues no sabía cuál era el uso que le iban a dar. Cuando les referí mi votación, quería decir que soy una persona conocida en la región.

- Me negué a realizar el examen de alcoholemia porque es un legítimo derecho de cualquier ciudadano negarse a hacerlo, a menos que sea razonablemente inferible que el conductor este bajo el influjo de bebidas embriagantes, que no era mi caso. No lo hice por ejercer privilegios que no me corresponden, sino porque era ofensivo que me lo solicitaran después de conversar con ellos durante varios minutos.

- Llamé al 124 como cualquier ciudadano, y llegó una nueva patrulla, que revisó la situación, confirmó mi estado de sobriedad y me permitieron continuar.

- Esa noche no portaba mi licencia de conducción, pues estaba en trámite ordinario de renovación desde el 24 de abril.

- Lamento que de este incidente, se haya creado una situación en la que el general Pérez, Comandante de la Policía del Atlántico decidió renunciar.
 
Por último, pido disculpas por los malentendidos que generó este incidente y espero que con esta declaración se le ponga punto final al mismo.
 
REDACCIÓN POLÍTICA

CHRISTIAN PARDO QUINN
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO Casa Editorial y la Universidad de los Andes realizarán un foro, el próximo 21 de junio, para celebrar los 20 años de la Constitución. Protagonistas y expertos analizarán su alcance histórico. El evento se llevará a cabo en el Auditorio Mario Laserna de esta universidad, a las 8:30 a.m.

Horacio Serpa Uribe llegó a la Asamblea Constituyente como líder indiscutible del principal y mayoritario partido político del país, en ese momento en el poder: el liberalismo.

Serpa, defensor de principios socialdemócratas dentro del liberalismo, tuvo que enfrentar en la presidencia de la corporación importantes discusiones con sus contradictores ideológicos: de un lado, los conservadores, con Álvaro Gómez, y del otro, la izquierda, con Antonio Navarro Wolff.

Se eliminó la Junta Monetaria
Banco de la repÚblica, autónomo

La Constituyente aprobó la eliminación de la Junta Monetaria, que durante más de 25 años manejó los asuntos monetarios, cambiarios y crediticios. Las funciones de este organismo pasaron a la Junta Directiva del Banco de la República, conformada por el Ministro de Hacienda, el gerente del Emisor y cinco miembros designados por el Presidente. La Constitución de 1991 también le otorgó autonomía "administrativa, patrimonial y técnica" al Emisor, como banco central de Colombia.

Se prohibió la extradición
Así se consagró en la carta

La Carta de 1991 prohibió "la extradición de colombianos por nacimiento". Así se consagró en el Artículo 35, que estableció que "los nacionales que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia". En el gobierno del ex presidente Ernesto Samper se revivió esta figura.

En junio de 1991, la Asamblea Constituyente consagró como derecho fundamental de todos los colombianos el tener acceso a una vivienda digna.

La corporación estableció asimismo, en el Artículo 51, que es el Estado el encargado de "fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho".

El Estado también tendrá la responsabilidad de "promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda".

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