"Habría que revisarlo porque, de todas maneras, ahí se requiere una decisión constitucional", dijo la senadora Gutiérrez.

¿Buen mensaje?

A la par con la 'silla vacía', tampoco se tendrían en cuenta otras sanciones que le eran afines, como que se descuenten los votos por la curul perdida y que se devuelva el dinero por reposición de votos.

La decisión de desechar la figura de la 'silla vacía' podría ser costosa para la imagen de un Congreso cuestionado, porque más de 60 de sus miembros se encuentran hoy embolatados con el escándalo de la 'parapolítica'.

De hecho, analistas políticos como Claudia López, habían advertido que una buena forma de enviar un mensaje de que el Congreso sí quería superar esta crisis, era a través de la aprobación de esta reforma, con medidas drásticas como la 'silla vacía'.

Incluso, el tema se había convertido en el principal de una legislatura que se ha caracterizado por el poco esfuerzo de los legisladores, atemorizados e impactados por las medidas de detención ordenadas por la Corte Suprema contra algunos de sus colegas.

La figura de la 'silla vacía' se había convertido en el motivo central de discusión entre el uribismo y la oposición, ya que la coalición de gobierno pedía que se aplicara a partir de la condena del congresista y el liberalismo exigió que fuera desde el momento de la detención de un legislador.

Algunos uribistas llegaron a mencionar que la figura era perniciosa, porque terminaría por afectar las mayorías del Gobierno en el Congreso.

Pesimismo

Tanto el Gobierno como la bancada uribista son pesimistas de que la reforma política pase en la Comisión Primera del Senado, donde debe surtir su séptimo debate (de ocho que necesita).

La decisión de dejar 'a su suerte' la reforma política surgió la semana pasada en una reunión de Palacio, entre el Gobierno y los jefes de los partidos uribistas, en la que comprobaron que no se alcanzaban los votos para su aprobación.

En la Comisión Primera de Senado, 11 de los 19 congresistas que tiene la célula legislativa se declararían impedidos para discutirla y votarla.

Y la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, descartó que se haga la rotación de curules para salvar la iniciativa.
"Fue una figura muy criticada. Esa posibilidad fue rechazada, inclusive por los propios partidos de la coalición", dijo la senadora.

Pero este no es el único problema de ese proyecto. El presidente de la Comisión, Juan Carlos Vélez (quien también está impedido, por ser el reemplazo de Mauricio Pimiento, capturado por la 'parapolítica') ni siquiera le ha nombrado ponentes.

Por su parte, la oposición no está de acuerdo con que se deje hundir la reforma política.

"No todo lo que se necesita para superar la crisis se puede hacer a través de una ley. Hay temas como el de la sanción a los partidos, con la 'silla vacía'; como el de la pérdida de la personería jurídica, como el de la inscripción por coaliciones, que necesitarían reforma constitucional", dijo el senador liberal, Héctor Helí Rojas.

Para esta semana, el tema de la reforma política no fue incluido en la agenda de la Comisión Primera del Senado, pese a que ya solo resta un mes de trabajo legislativo en las sesiones ordinarias del Congreso.

REDACCIÓN POLÍTICA

El diplomático afirmó que los fiscales de Estados Unidos compartirán con la Fiscalía de Colombia toda la información inherente a los procesos de Justicia y Paz que se adelantan en Colombia.

En cuanto a los bienes, el embajador dijo que las propiedades y bienes incautados en Estados Unidos irán al fondo de reparación y que en el caso de Colombia, el país tiene la potestad de expropiarlos.

Sobre los eventuales beneficios que puedan obtener los jefes paramilitares a cambio de la información que suministren en favor de la reparación moral de las víctimas, el embajador dijo que "en ese caso hipotético habría consultas con el Gobierno colombiano para valorar la información y lograr el objetivo común que tenemos".

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El Gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz. También el Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas.

Lo anterior, por la profunda relación tanto de la Ley de Justicia y Paz como de la extradición con el orden público, cuya recuperación y mantenimiento es responsabilidad primordial del Gobierno.

Es en este Gobierno cuando por primera vez se ha exigido a las personas vinculadas a un proceso de paz que digan la verdad y entreguen su riqueza para reparar a las víctimas.

La verdad tiene que ser simple y oportuna. La verdad manipulada deja de ser verdad. La verdad tiene que decirse sin cálculos en el tiempo, sin dilaciones.

El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el Pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad; la verdad sobre los delitos investigados, cometidos en su mayoría antes de este Gobierno; la verdad sobre los procesos en curso propiciados por la firmeza de nuestra política de seguridad.

Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos.

El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos.

El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado.

La Seguridad Democráticay la Ley de Justicia y Paz han reducido enormemente la violencia en el país. Por eso no se puede proceder con debilidad frente a la reincidencia en el asesinato u otros delitos.

A la fecha se han desmovilizado 47.433 personas, han sido postuladas para la Ley de Justicia y Paz 3.284, y 639 de ellas, que pertenecieron a anteriores grupos paramilitares, se encuentran en la cárcel.

La Procuraduría ha aceptado acompañar un procedimiento que aplicará la Fiscalía para resolver la situación jurídica de 19.377 integrantes de antiguas organizaciones paramilitares que hacen parte del grupo de desmovilizados.

La Leyde Justicia y Paz continúa.

Exigimos a los miles de desmovilizados cumplir con la Ley de Justicia y Paz; el país ha sido generoso con ellos, pero el Gobierno no puede tolerar reincidencias en el delito, incumplimientos con la norma legal, falta de colaboración veraz y eficaz con la justicia o ausencia de compromiso en la reparación de las víctimas. Ahora los desmovilizados son más libres para que la reinserción les recupere plenamente su bienestar, su familia y su futuro.

Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz, también deben decir la verdad para contribuir a la memoria histórica y evitar que se repita en el futuro la tragedia que estamos superando en el presente. Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz deben reparar a las víctimas, al menos moralmente, ya que económicamente no lo hicieron; tampoco se les exigió.

La Policía Judicial, fiscales y jueces perseguirán e incautarán todos los bienes para reparar a las víctimas. Que haya propósito absoluto para este cometido.

Invitamos a los ciudadanos que tengan conocimiento a denunciar bienes de propiedad de extraditados o desmovilizados para facilitar la extinción de dominio y la reparación de las víctimas.

Conminamos a los testaferros a acercarse a la Fiscalía a entregar bienes que figuran de su propiedad y que en realidad fueron ilícitamente adquiridos por criminales.

Recordamos a los compatriotas que el Gobierno ha expedido el decreto para la reparación de víctimas por vía administrativa, que puede tener un costo de 7 billones de pesos.

Invitamos a las víctimas a evitar que algunos de sus voceros se alíen con asesinos para eludir la extradición.

Las decisiones firmes protegen a las víctimas potenciales y deben animar a las víctimas actuales en el resarcimiento, que nunca será completo ni compensará el dolor causado en 50 años de terrorismo.

Pedimos respetuosamente a los jueces de la Patria continuar ayudándonos con la extradición, herramienta importante para rescatar el orden público.

No puede ser que la noble institución de la Tutela se utilice para eliminar la extradición, que se ha impuesto con el dolor y la sangre de tantos magistrados, jueces, funcionarios y ciudadanos del común.

Agradecemos a los soldados y policías de la Patria su heroísmo, que ha abierto el camino de la paz, de la paz cada vez más cercana. Con las Fuerzas Armadas, la Constitución y el Pueblo, avanzamos hasta la derrota total de los criminales.

Que los procesos de paz del futuro, con las guerrillas, no sean menos estrictos que el actual proceso. Que los procesos de paz del futuro, con las guerrillas, no sean procesos de impunidad, como sucedió en el pasado.

Recuerdo que las guerrillas fueron los maestros que enseñaron a los paramilitares a penetrar las instituciones democráticas y a asesinar a periodistas, sindicalistas y a tantos colombianos, con el resultado de millones de familias abatidas en el luto y la tristeza.

Recuerdo que los paramilitares son hijos de la violencia guerrillera y el descuido del Estado.

Compatriotas: toda la firmeza para tener una Colombia sin violencia, próspera en la inversión, fraterna en las relaciones con los trabajadores y equitativa en los beneficios.

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''Claro que conozco a Iván Márquez, no sólo a Iván Márquez, conozco todo el secretariado de las Farc, toditos, desde (Manuel) Marulanda para abajo'', dijo Rodríguez Chacín, y destacó que tuvo dos encuentros con los jefes de las Farc.

El ministro tampoco precisó si esas reuniones fueron por separado con cada uno de los miembros de la jefatura de las Farc o juntos. Tradicionalmente 'Marulanda' y otros jefes insurgentes permanecen separados, por razones de seguridad.

El ministro, uno de los más cercanos y poderosos colaboradores del presidente Hugo Chávez, rechazó además las versiones de Colombia en torno a la presencia en Venezuela de Iván Márquez, uno de los siete miembros del secretariado de las Farc.

Rodríguez Chacín, al hablar con reporteros en un barrio pobre de Caracas, desestimó la veracidad de los correos hallados en el computador de 'Raúl Reyes', que revelarían que Chávez ha tratado de financiar y dotar de armas a los rebeldes colombianos.

''¿Son válidas esas pruebas? ¿Qué tribunal del mundo va a recibir estas pruebas?'', se preguntó Rodríguez Chacín al referirse a los documentos mostrados por Colombia.

Las autoridades colombianas pidieron la ayuda de expertos de Interpol para certificar que los datos que fueron extraídos de la portátil no fueron manipulados. La computadora fue decomisada el 1 de marzo durante el bombardeo en el que murió Reyes.

''¿Quién es Interpol, para qué existe?... ¿Quién la creó y con qué objeto?... ¿No será un mecanismo más de dominación?'', indicó el ministro.

AP

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Los dos fueron notificados ayer.

Los investigadores deberán comenzar a conocer del caso esta misma semana. Tanto la demanda por cohecho que hace quince días entabló el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda contra Uribe, como la documentación que envió la Corte Suprema sobre la confesión que hizo Yidis Medina.

Aunque el representante Piamba Castro nació en Timbío (Cauca) y tiene ascendencia indígena, llegó a la Cámara por el Partido Conservador, de la mano del senador José Darío Salazar.

Piamba, que tiene formación como ingeniero civil, es un reconocido político en su región. Sin embargo, tiene un lunar en la hoja de vida: familiares suyos muy cercanos se vieron salpicados en un escándalo de estafa en Popayán. Él negó que estuviera involucrado.

Torres, ex vicepresidente de la Cámara, quedó como coordinador del 'triunvirato'. Torres es reconocido como un congresista muy influyente en Cambio Radical en Chocó. Este es su tercer período como representante.

"Quiero aclarar que no tengo ninguna demanda en la Corte Suprema y que no he tenido nunca una sanción disciplinaria.
Tampoco el hecho de que sea de Cambio Radical me ha hecho sentir presionado en actuar con favoritismos", dijo Torres.

La cuota de la oposición el liberal Jaime Durán, de la línea política del senador Hugo Serrano Gómez.

REDACCIÓN POLÍTICA

El miércoles, Pérez tendrá una charla con miembros del Congreso organizada por la oficina del representante James McGovern, y participará en un foro a instancias del Instituto de Estados Unidos  para la Paz.

En este foro, titulado "Secuestrado en Colombia: ¿Hay nuevas  esperanzas para un intercambio humanitario? Compartirá el podio con el embajador de Venezuela ante la Casa Blanca, Bernardo Álvarez, un representante de la embajada francesa y probablemente el subsecretario de Estado asistente para el Hemisferio Occidental, Craig Kelly.

Según ha dicho Pérez, trae un mensaje de los tres estadounidenses secuestrados con las Farc, con quienes compartió el cautiverio.

El ex senador también había anunciado una cita con la presidente del Congreso Nancy Pelosi. No obstante, será con sus asesores pues la legisladora, como muchos de los otros representantes, saldrá a receso este jueves y tienen un calendario muy apretado hasta esa fecha.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON