"No son imprescindibles para nosotros las importaciones de Colombia podemos conseguir productos alimenticios, bienes y servicios de otras partes del mundo. Brasil nos puede vender 10 veces lo que nos vende Colombia", agregó.

"Estamos obligados a poner las relaciones con Colombia en una profunda revisión, en los económico, político, diplomático", dijo al calificar de 'innoble' al secretario de Interpol, Ronald K. Noble.

El informe

El organismo internacional presentó un informe en el que señaló que los archivos del computador incautado al segundo jefe de las Farc no fueron alterados por el Gobierno de Colombia.

En el computador había 37.872 documentos de texto, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 10.537 archivos multimedia, que pesaban 610 gigabytes de información.

Había además 7.989 direcciones de correo electrónico y 22.481 páginas de internet, de acuerdo con Interpol.

A una persona le tomaría 1.000 años, leyendo 100 páginas por día, conocer el contenido de las  39,5 millones de páginas de archivos en formato Word de evidencia que se le entregaron a la Interpol, dijo el Secretario General, Ronald Kenneth Noble, quien destacó la independencia e integridad del organismo en la evaluación de la evidencia.

Interpol ofreció sus servicios para que toda la información que contengan los computadores pueda ser verificada con la información que tiene la Policía internacional, y que los números y correos que aparezcan puedan ser contrastados.

El funcionario agregó en rueda de prensa en la Cancillería que en la evaluación de los archivos participaron 64 funcionarios de la entidad, provenientes de 15 países, que invirtieron 5 mil horas de trabajo desde el 4 de marzo pasado.

Noble reconoció que hubo acceso directo (de las autoridades colombianas), pero para tener acceso y descargar el contenido, no para modificarlo.

Dos expertos en informática forense fueron quienes tuvieron acceso a los computadores en Colombia, ninguno de ellos hablaba español, procedían de Australia y Singapur, lo que, según Kenneth, garantizaba su imparcialidad.

Así fue la entrega

Noble entregó el informe en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañado por los directores de la Policía Nacional de Colombia, general Óscar Naranjo, y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal), María del Pilar Hurtado.

Al acto asistieron como testigos el canciller colombiano, Fernando Araújo, y el fiscal general, Mario Iguarán.

Polémica evidencia

Las computadoras contienen archivos que indican que el presidente venezolano Hugo Chávez trató de enviar armas y fondos a la guerrilla.

Venezuela ha rechazado esas acusaciones y denunciado a Colombia por falsificar las pruebas obtenidas de las computadoras.

Colombia dijo que sus comandos hallaron las computadoras entre los restos de un campamento guerrillero en Ecuador, cerca de la frontera, destruido por fuerzas del ejército colombiano el 1 de marzo. El ministro de Exteriores de las Farc, Raúl Reyes, y otras 24 personas murieron en esa incursión.

Chávez ha calificado los documentos de falsos y ha aludido en todo momento a la ''supuesta computadora de Raúl Reyes''. Niega haber armado o financiado a las FARC, aunque no oculta sus simpatías por la guerrilla más poderosa de América Latina.

Colombia recurrió a Interpol con la esperanza de despejar dudas sobre la autenticidad de los documentos, hallados en tres computadoras portátiles, dos discos duros externos y tres memorias portátiles USB.

El examen forense se limitó a verificar si Colombia había alterado los archivos y manejado las pruebas correctamente. No se pidió a Interpol que analizara el contenido de los documentos electrónicos propiamente dichos.

Las pruebas que más inculpan a Chávez hasta el momento se encuentran en textos mostrados a The Associated Press la semana pasada por un funcionario colombiano.

Más de una decena de mensajes internos de la guerrilla detallan años de estrecha colaboración entre altos funcionarios del gobierno y oficiales militares venezolanos y las Farc, que incluyen el entrenamiento de guerrilleros en tierra venezolana.

También insinúan que Venezuela se aprestaba a prestar a los guerrilleros unos 250 millones de dólares, darles armas rusas e incluso posiblemente misiles tierra-aire para disparar contra aviones colombianos. 

Con AP

• Como 'circo' y 'payasada' califica Hugo Chávez informe de Interpol sobre computador de 'Raúl Reyes'
• Gobierno venezolano y las Farc tienen cercanas relaciones, muestran computadores de 'Raúl Reyes'
• 'Podemos retornar a ruptura de relaciones con Venezuela', dice Alvaro Sierra, analista de EL TIEMPO
• Interpol invitó a Venezuela y Ecuador a conocer los resultados de los archivos de las Farc
• Piedad Córdoba no cree que las computadoras de 'Reyes' estén sin alterar
• Ecuador negó validez jurídica de archivos del computador de 'Reyes'
• Embajador de Venezuela en E.U. asegura que no hay pruebas sobre vínculos de las Farc con su país
• Así fue la operación militar que dio muerte a 'Raúl Reyes'

"Mientras eso no se dé, nosotros continuaremos, a través de nuestros facilitadores, buscando el acuerdo; a través de nuestras Fuerzas Armadas, buscando la localización humanitaria, y confiados, también, de que, después de tanto problema que las Farc han causado en Colombia en las relaciones con otros países, de tanto problema que las Farc les están causando a líderes políticos en el país y por fuera, que las Farc, así sea por política, para enmendar errores y aliviar las dificultades que han causado a muchos de quienes les han servido, entren a liberar cuanto antes a la doctora Ingrid Betancourt y a todos los secuestrados", dijo.

"Usted sí sabe qué es el sufrimiento de un pueblo sometido, primero a Hitler y después al comunismo. Nosotros hemos tenido nuestro Hitler que es las Farc y no queremos tener los comunistas disfrazados que les da pena declararse como tales, simplemente por oportunismo y por cálculo político", puntualizó.

• Con temor por enfrentamientos, comienza Cumbre entre Europa y América Latina en Lima
• Se intensificaron operativos para localizar a los rehenes de las Farc, anunció el Gobierno
• Gobierno dijo que no autoriza contactos de presidente Rafael Correa con las Farc
• Luis Eladio Pérez pidió a comunidad internacional que rechace rescates militares de secuestrados

Los procedimientos estuvieron a cargo del juez magistrado Alan Kay, que les fijó para la semana entrante una nueva audiencia para determinar si derecho a fianza. En el caso de Jorge 40 esta audiencia se realizará mañana viernes en horas de la tarde.

La sala de la corte estuvo inusualmente llena, con periodistas, abogados, funcionarios del Gobierno Colombiano, curiosos y hasta representantes de la embajada venezolana en Washington. Una de las asistentes lloró copiosamente, aunque no quiso confirmar si se trata de un pariente o una víctima del paramiltiarismo.

Los primeros en entrar a la sala fueron Mancuso y Juan Carlos Sierra, ambos vinculados al mismo proceso. Mancuso le anunció a la corte que pagarían un abogado privado: Rick Díaz, el mismo que contrató "alias Macaco" y el que usará Don Berna en el proceso que se le seguirá en Nueva York.

Sierra, por el contrario le pidió al juez un poco de tiempo para determinar si utilizaría los servicios de un defensor particular o tomaría el que le asigna el gobierno. "Es que esto nos tomó por sorpresa", dijo Sierra.

Kay les informó, también, que la juez que se encargará de su caso será Ellen Segal Huvelle. Fuentes le dijeron a EL TIEMPO que se trata un juez "muy dura" y que hará énfasis en determinar si el dinero que usará Mancuso para pagar su defensa es legítimo.

Ambos abandonaron la Corte para dar paso al grupo de seis paramilitares donde estaba "40" y Hernán Giraldo. Por Tovar Pupo, curiosamente se hicieron presentes dos abogados. Heather Shaner, que dijo había sido contratada por el papá del líder paramilitar y Manuel Retureta, contactado por los abogados de Tovar Pupo en Colombia.

Otros cuatro -Martín Peñaranda, Nodier Giraldo Giraldo, Hernán Giraldo y Edwin Gómez Luna, también pidieron tiempo para escoger su abogado.

Eduardo Vengoechea-Mola si dijo que no tenía de dónde pagar un abogado privado y que por lo tanto optaría por el defensor designado.

Estos seis, que hacen parte de un proceso separado, serán juzgados en la corte del juez Reggie Walton, un afro americano.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington.

El Gobierno se pronunció a través de una nota diplomática, con fecha del mismo miércoles, dirigida a Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDH: "(...) lamentamos la ligereza con que este comunicado ha sido redactado, elaborando juicios y conclusiones sin siquiera leer las Resoluciones de Extradición y en violación a los principios de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en la medida que fue expedido sin escuchar los argumentos del Estado colombiano y sin tener en cuenta las reiteradas manifestaciones de los Gobiernos de Colombia y de los  Estados Unidos de América", dice el texto de la Cancillería.

La CIDH dijo en su comunicado que la extradición de los jefes de ñas Auc "limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia". Agregó que el envió de estas personas a E.U. "afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".

Según la Comisión, con los 'paras' fuera del país se "impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana".

También sostienen en la CIDH que se "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" y que se "limita el acceso a la reparación del daño causado". Por último, aseguran que la extradición "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares".

En respuesta a estas críticas, la Cancillería resaltó, en la nota diplomática, que la decisión de las 14 extradiciones se tomó tras evaluar las conductas delictivas de los jefes 'paras' luego de someterse a la ley de Justicia y Paz. También reiteró que Colombia y E.U. se comprometieron "a facilitar todas las diligencias judiciales para el esclarecimiento de la verdad, tanto en los casos de la Ley de Justicia y Paz como en los casos que afectan a servidores públicos".

Asímismo, que ambos gobiernos acordaron que "cualquier beneficio judicial en E.U. estará condicionado a la cooperación con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" y que "los bienes que eventualmente incaute o reciba E.U. serán destinados al Fondo Nacional de Reparación".

Villaveces manifiestó que Moreno los descalificó, "pues nosotros ya le habíamos hecho la propuesta de construir un escenario en Bogotá. Tenemos los inversionistas para eso. Y ahora resulta que sin una licitación se la piensan dar a los mexicanos de CIE".

Por su parte, Ricardo Leyva, otro de los empresarios, dijo que en una reunión, "los mexicanos de CIE vinieron a salvarnos. ¿Dónde quedan los varios encuentros que tuvimos con Moreno y nuestras distintas propuestas para hacer un escenario en Bogotá?".

El conciertero manifiestó que el grupo de empresarios colombiano que habló con Moreno "puede hacer la misma inversión que los mexicanos".

En su opinión, si la gente de CIE se queda con el negocio, los más perjudicados serán los empresarios colombianos. ¿Bajo qué condiciones vamos a negociar? Porque es bien sabdio que la gente de CIE contrata a un artista y lo presenta en varios lugares, que ahora podrían incluir a Bogotá. Ahí no tendríamos opciones nosotros".

El nuevo escenario, según Jairo Vargas, representante de CIE en Colombia, "tendrá toda la tecnología. Un primer escenario lo vamos a utilizar temporalmente y estratégicamente para solucionar el problema de la ciudad y para que al lado la gente vaya observando la construcción del escenario definitivo", dijo, en diálogo con La W Radio.

Su pronunciamiento se da semanas después de que EL TIEMPO revelara la intención del alcalde Samuel Moreno de permitir nuevamente conciertos en el estadio El Campín, de Bogotá, prohibidos hace un año por daños en la gramilla.

El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, respaldó la propuesta de los mexicanos y dijo que entregará el uso del suelo del Salitre Mágico en concesión para que los empresarios puedan construir el escenario.

"Es una propuesta muy seria que encabeza un grupo muy importante de empresarios del entretenimiento y aparte de eso son los mismos que operan el Salitre Mágico, estamos evaluando los permisos y cuales serían las condiciones de este escenario de acuerdo con los requerimientos de los empresarios y artistas y de esta manera creemos que el 6 de agosto podamos inaugurar con un gran concierto el día de Bogotá", dijo el alcalde.

La sanción fue impuesta a los Gillinski por incumplir un contrato derivado de la compra del antiguo Banco de Colombia por parte del Banco Industrial Colombiano (BIC).

La decisión del Tribunal, que en la práctica relevó a los Gilinski del pago de la indemnización, fue impugnada mediante tutela por los directivos del Bancolombia, que exigieron el amparo de sus derechos a la igualdad y al debido proceso mientras se resuelve un recurso extraordinario de revisión.

Sin embargo, los magistrados de la Sala Laboral, al revisar el recurso de amparo en segunda instancia, consideraron que los directivos de Bancolombia no solicitaron el mecanismo transitorio, ni existen elementos para suponer que ocurra un perjuicio irremediable en este caso. Las partes, según los magistrados, cuentan con la suficiente solvencia económica para responder eventuales demandas.

"En el expediente no aparece prueba eficaz que acredite que sobre el Banco de Colombia se cierne un peligro inminente que afecte gravemente sus intereses y que se presente de naturaleza irreparable", indicó la Sala Laboral en su sentencia.

Néstor Humberto Martínez, abogado de la familia Gilinski, dijo que sus clientes se declaran satisfechos con el resultado, que además pone punto final al pleito civil, pues aún quedan pendientes dos procesos  penales: uno por autopréstamos y delitos financieros y otro por prevaricato contra la junta del Bancolombia y su presidente Jorge Londoño Saldarriaga.

Por su parte, el banco respondió que "esta nueva decisión no resuelve de fondo la controversia originada en las contingencias encontradas en el Banco de Colombia al momento de su compra" y que procederán a tomar las acciones pertinentes, una vez sean notificados de la decisión.

"Esto es una cosa que nosotros no podemos aceptar. Eso, por ejemplo, es una cosa explosiva, porque entonces nosotros pudiéramos decir: ¿La Guajira venezolana hasta dónde llega? Venezuela era toda La Guajira. Ese terreno nos lo quitaron. Ahora, ¿qué quiere Colombia?, ¿qué volvamos a discutir eso?", afirmó Chávez.

"Denuncio al Gobierno de Colombia de estarse prestando a un juego perverso para desestabilizar Suramérica, no solo a Venezuela, a Ecuador y otros países más. Eso es muy peligroso", agregó.

El embajador de E.U. en Bogotá, William Brownfield, reconoció desde el pasado 11 de abril que hay conversaciones con Colombia para buscar la posibilidad de trasladar la base al país. Hasta ahora no se ha precisado ningún sitio.

La base estadounidense fue establecida en 1978 en el puerto de Manta por un acuerdo de Washington con el entonces presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, con vigencia hasta 2009. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, decidió no prorrogar el acuerdo.

"En una carta del 2006 al presidente Álvaro Uribe, Human Rights Watch dijo que su objeción número 1 al plan era que "podría evitar que los comandantes paramilitares pasaran tiempo en prisión".

En particular, Human Rights Watch y los demócratas del Congreso con quienes colaboran estrechamente objetaron que los líderes derechistas pudieran escapar a la extradición a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Algunos sugirieron que la intención real de Uribe era proteger a los paramilitares de ese prospecto.

"Esto es música para los oídos de estos matones", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en julio del 2005. "A lo que ellos más temen es a la extradición". Un año más tarde, en una dura carta a Uribe, Vivanco reclamó que "los comandantes paramilitares que eran solicitados por Estados Unidos deberían saber que si no se desmovilizan completamente y desmantelaban sus estructuras, su gobierno no vacilaría en extraditarlos a Estados Unidos... Es esencial que su gobierno mantenga esta ventaja y la use creíblemente".

"El martes, Uribe hizo justamente lo que Vivanco pidió, enviando 14 de los más importantes jefes paramilitares a juicio en Estados Unidos. Lo hizo, él dice, porque los comandantes no habían cumplido los términos de la Ley de Justicia y Paz revelando sus crímenes y reparando a sus víctimas, y porque habían continuado delinquiendo", dice el editorial.

El editorial menciona además la reacción adversa de la ONG a la extradición de los jefes paramilitares, porque sacaba del país a quienes tenían la mayoría de la información de sus nexos con políticos, y la controvierte afirmado que habrá acceso a ellos aún en las prisiones de E.U., y que, seguramente, estos estarán felices de suministrar cualquier información que incrimine al Presidente. Además, dice que la extradición de los jefes convencerá a los paramilitares que se quedaron en Colombia para que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.

"Los asesinatos de "sindicalistas" que condenaron se han reducido drásticamente; los líderes paramilitares que afirmaban saldrían libres están en custodia de Estados Unidos. Si su agenda es genuinamente los derechos humanos -y no la oposición al libre comercio- es tiempo que cambien de curso", concluye el editorial.

Texto completo del editorial:

Cuando el congreso de Colombia democráticamente elegido aprobó en el 2005 un plan del Presidente Álvaro Uribe para desmovilizar a los grupos paramilitares de derecha y llevar a sus líderes ante la justicia, los grupos de derechos humanos y algunos demócratas en el Congreso de Estados Unidos se declararon indignados.

Aunque los paramilitares eran una de las fuentes principales de violencia y tráfico de drogas que habían plagado a Colombia por décadas -y la desmovilización de decenas de miles de asesinos sin ley podrían ser un gran avance en el esfuerzo por restaurar el orden- los críticos estadounidenses dijeron que Uribe estaba extendiendo términos demasiado generosos  a las cabecillas. En una carta del 2006 al presidente Álvaro Uribe, Human Rights Watch dijo que su objeción número 1 al plan era que "podría evitar que los comandantes paramilitares pasaran tiempo en prisión".

En particular,  Human Rights Watch y los demócratas del Congreso con quienes colaboran estrechamente objetaron que los líderes derechistas pudieran escapar a la extradición a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Algunos sugirieron que la intención real de Uribe era proteger a los paramilitares de ese prospecto. "Esto es música para los oídos de estos matones", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en julio del 2005. "A lo que ellos más temen es a la extradición". Un año más tarde, en una dura carta a Uribe, Vivanco reclamó que "los comandantes paramilitares que eran solicitados por Estados Unidos deberían saber que si no se desmovilizan completamente y desmantelaban sus estructuras, su gobierno no vacilaría en extraditarlos a Estados Unidos... Es esencial que su gobierno mantenga esta ventaja y la use creíblemente".

El martes, Uribe hizo justamente lo que Vivanco pidió, enviando 14 de los más importantes jefes paramilitares a juicio en Estados Unidos. Lo hizo, él dice, porque los comandantes no habían cumplido los términos de la Ley de Justicia y Paz revelando sus crímenes y reparando a sus víctimas, y porque habían continuado delinquiendo. El dramático movimiento de Uribe fue aclamado en Colombia (...).  Aquellos que permanecen -hay aún 639 líderes en las cárceles colombianas- probablemente demostrarán estar más dispuestos a revelar sus crímenes y cooperar en las investigaciones de conexiones entre los paramilitares y los políticos colombianos.

Sin embargo, en Washington la hazaña de Uribe fue recibida amargamente por la misma gente que la pidió. Una declaración de Human Rights Watch reconoció a regañadientes que la extradición "aumenta las posibilidades" de "sentencias de prisión sustanciales" para los jefes pero luego alegó que Uribe tenía investigaciones que tocaban aliados políticos. "El Gobierno ha enviado fuera del país a los hombres con la mayoría de la información", se quejó Vivanco.

De hecho, bajo los términos formulados por el gobierno de Uribe, los fiscales colombianos continuarán teniendo acceso a los comandantes paramilitares en las prisiones de Estados Unidos. Habiendo sido sometidos al destino que "más temían", los jefes presumiblemente estarán felices de suministrar cualquier información incriminante que puedan tener sobre el Presidente. Entretanto, Human Rights Watch y sus socios del Congreso están quedándose sin excusas en su campaña contra el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Los asesinatos de "sindicalistas" que condenaron se han reducido drásticamente; los líderes paramilitares que afirmaban saldrían libres están en custodia de Estados Unidos. Si su agenda es genuinamente los derechos humanos -y no la oposición al libre comercio- es tiempo que cambien de curso.

• Human Rights Watch criticó extradición de paramilitares

Allí, las autoridades encontraron a un hombre asesinado con arma de fuego en el interior de un taxi Chevrolet Chevete, de placas SHA 822, afiliado a la empresa Capital.

La víctima que se encontraba en la parte trasera del vehículo aún no ha sido identificada por los organismos judiciales que ya se encuentran en el sitio realizando la inspección al cuerpo.

La primera hipótesis que manejan los organismos de seguridad , apunta a un posible ajuste de cuentas.

Ha invertido un billón de pesos en 3.321 proyectos, de los cuales el 99 por ciento, según la Procuraduría, son inviables por sus fallas en su formulación técnica, por su metodología. Algunos no cuentan con operadores o les falta claridad en la entrega de predios, insumos, o presentan un manejo inadecuado de productos.

Según el informe, la Procuraduría encontró que en estos proyectos solo han sido atendidos 5.915 desmovilizados que, de acuerdo con los reportes oficiales, solo representan 13 por ciento del total de persona reinsertadas: 44.865 desmovilizados que reportó el gobierno entre el agosto del 2002 y julio del 2007. Esta cifra corresponde en su mayoría a ex paramilitares (77%) y guerrilleros (23%).

El Ministerio Público seleccionó 26 proyectos de 245 iniciativas presentadas por la alta consejería para la reintegración con el fin de evaluarlos sobre el terreno. Sin embargo, la dependencia le comunicó al organismo de control que solo tres de los proyectos podrían ser objeto de visita: dos en Medellín y otro en Valledupar.

"Es claro que los resultados en este importante componente en la política de desmovilización y reinserción, no solo son precarios, sino que el esfuerzo económico y financiero que ha hecho el país para atenderlo, más de un billón de pesos, no corresponde a los resultados obtenidos, como no corresponde a la información que divulgan los medios de comunicación sobre los avances y el éxito de las políticas públicas que se desarrollan en la materia", expresó Maya Villazón.

Fue, además, la primera mujer española directora de un diario nacional ('Liberación', 1984).

Durante la dictadura franquista, pasó un mes en la cárcel por "propaganda ilegal". En 1981 enfrentó cargos en un tribunal militar de Valencia por negarse a revelar las fuentes de una información (el asunto se sobreseyó finalmente).

Mercedes Arancibia es, desde el 2003, miembro de la Junta Directiva de RSF en España.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Los allanamientos, que permitieron también las detenciones de otras siete persona de otras nacionalidades, se realizaron cuatro inspecciones a tres viviendas y a un taller.

Las autoridades encontraron 235 kilos de cocaíana. Hallaron bolsas para embalar pequeñas cantidades de droga, dos básculas y tres computadores.

Las detenciones y decomisos fueron son el producto de una investigación que se inició en septiembre pasado cuando se detectaron los movimientos, en Valencia, de una organización de narcos.

Más tarde, en marzo del 2008, las autoridades decomisaron un cargamento de 225 kilos de cocaína, camuflados en paquetes que deberían tener nueces.

Así, los investigadores llegaron al jefe de la organización: un colombiano de 44 años cuya identidad mantienen en reserva.

Entre los ocho detenidos, tres registran antecedentes penales.

De acuerdo con el reporte suministrado por los organismos de socorro de la capital risaraldense, en el control de las llamas resultaron afectados con leves quemaduras e inhalación de gases tres bomberos.

No hubo reporte lesionados aparte de los socorristas.

Por fortuna, las llamas no alcanzaron un deposito de papel situado al lado de la edificación incendiada. Se calculan las pérdidas en cerca de mil millones de pesos.

PEREIRA

MANIZALES

MANIZALES

Como la potestad de pedir la rebaja depende de la Fiscalía de E.U., el acusado se arriesga a perder los beneficios si no cumple. Un fiscal colombiano podría informar que el 'para' no colaboró y la Fiscalía de E.U. presionaría con no presentar la solicitud de rebajas. Esto sería lo que ocurriría en general, pero no puede descartarse que por alguna razón un ex jefe 'para' no tenga ningún beneficio.

En el caso de los 14 ex jefes 'paras' enviados a Estados Unidos podría verse una situación poco frecuente: que la justicia tenga en cuenta su colaboración en investigaciones que nada tienen que ver con narcotráfico y, además, de delitos cometidos e indagados en otro país.

En cada resolución de extradición el Gobierno estipuló puntos que, considera, servirán para que Justicia y Paz siga operando con los ex 'paras'. "Como parte de los compromisos que conlleva este proceso de entrega, las autoridades norteamericanas deberán procurar (...) que los bienes que el colombiano otorgue producto de la negociación a la que llegue con las autoridades de E.U. sean destinados a la reparación en Colombia", dice uno de los puntos.

Además, buscará que E.U. permita el acceso de víctimas e investigadores a los ex 'paras'. Lo que muchos se preguntan es hasta dónde podría ir la colaboración judicial, que termina en manos de jueces y fiscales independientes del Ejecutivo y, además, qué sentido tendría para personas que pueden ser condenadas a 30 o más años.

Aunque el Gobierno dice que un incentivo es que la salida de Justicia y Paz los expondría a la acción de la Corte Penal Internacional, los abogados de los ex Auc no lo ven así. Algunos les han recomendado concentrarse en los cargos de narcotráfico, no más.

SERGIO GÓMEZ MASSERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON

'Don Berna' se declaró inocente

Diego Fernando Murillo, 'don Berna', compareció ayer ante el juez Richard Berman de la Corte Federal de Manhattan y se declaró inocente de narcotráfico y lavado de activos. Su abogado, Paul Nalven, solicitó sin éxito que el régimen carcelario no fuera de alta seguridad. Argumentó: "él no supone en absoluto una amenaza física para nadie" y dijo que la muestra era que "en la prisión de Colombia tenía su propia oficina con fax y mesa, y trabajaba como un hombre de negocios". El magistrado a cargo lo citó de nuevo para el 16 de septiembre.

Mientras tanto, en Miami, Ramiro 'Cuco' Vanoy Y Francisco Zuluaga Lindo, 'Gordolindo', se presentaron con cadenas en tobillos y muñecas ante el juez William Turnoff, del distrito sur de Florida.

No se defendieron. El abogado que los representa pidió tres semanas para la primera audiencia y dar las garantías que exige el gobierno de E.U. de que el dinero que recibirá por sus servicios no proviene de negocios ilícitos. Ante la solicitud, el juez los citó a audiencia de acusación el 4 de junio.

Efe y AFP

Proceso de parapolítica ahora marchará lento

Ayer, la Corte Suprema de Justicia y el procurador General, Edgardo Maya, volvieron a manifestarse en torno al tema de la extradición masiva de paramilitares.

Maya anunció que pedirá de inmediato la exclusión de estos individuos de la jurisdicción de Justicia y Paz para que sus procesos se trasladen a la jurisdicción ordinaria y allí se les apliquen las leyes más severas previstas en el ordenamiento jurídico por incumplir los acuerdos de paz.

Y agregó que es claro que en 18 meses de vigencia de la jurisdicción especial, los jueces y fiscales fueron incapaces de presentar una sola imputación, acusación o condena en su contra.

Visa para la Corte

De manera simultánea, la Corte Suprema de Justicia manifestó su preocupación por la lentitud a la que se verá sometido el expediente de la parapolítica por cuenta de estas extradiciones.

Tal como lo reveló ayer EL TIEMPO, tres de los extraditados han sido llamados como testigos en procesos contra congresistas y ex congresistas -'Berna', Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo- y ahora será más engorroso pedir sus testimonios.

Para ello, el alto tribunal deberá designar a una comisión de magistrados para que se traslade a Nueva York y a Miami -donde quedaron recluídos- o pensar en la preparación de una teleconferencia si las autoridades judiciales norteamericanas lo autorizan.

El desplazamiento a E.U. deberá contar, además, con facilidades en la expedición de visas para los investigadores de la Corte y para los abogados de quienes son indagados.

Estos trámites afectarán no sólo el presupuesto con el que cuentan los investigadores sino que también alterarán de manera significativa los términos de los procesos, lo que ha generado incomodidad entre los miembros del alto tribunal.

REDACCIÓN JUSTICIA

• Extradiciones de 'paras' impiden juzgar graves crímenes en Colombia, afirmó CIDH
• Salvatore Mancuso y 'Jorge 40' estarán en cárcel en donde sólo recibirán sol una hora a la semana
• Gobierno no descarta posibilidad de que audiencias de 'paras' en E.U. se transmitan en Colombia

REDACCIÓN JUSTICIA

REDACCIÓN JUSTICIA

Ayer, el secretario de Movilidad, Luis Bernardo Villegas, le anunció a EL TIEMPO que una consultoría que realizan para saber cuál es la verdadera sobreoferta -y cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas- servirá de base para ponerle fin o extender ese recaudo. Y todo porque el decreto que le dio vida a ese fondo, el 115 del 2003, en la alcaldía de Mockus, no precisó hasta cuándo se debían recaudar esos dineros.

"Necesitamos conocer cuántos buses hay de más para saber si los podemos comprar y destruir con los dineros recaudados en estos cinco años -anunció Villegas-. Si la sobreoferta es superior y necesitamos más recursos, ese recaudo habrá que ampliarlo".

A la fecha, la ciudad cuenta con 100 mil millones de pesos en ese fondo, que pueden servir para destruir 1.400 buses si a cada propietario le pagan 70 millones de pesos por su bus viejo (que tenga más de 20 años). Pero hasta ahora solo se han destruido 400 vehículos en cinco años y concejales como Ángela Benedetti, del Partido Liberal, ya han pedido "el fin de ese fondo o un rediseño inmediato".

"Es claro que muestra resultados muy pobres, pues partimos de una meta de 5.620 carros a destruir", advirtió la concejal Benedetti.

Hoy, el dato más reciente de la sobreoferta está en el llamado Plan Maestro de Movilidad que expidió en el 2006 el alcalde Lucho Garzón. Allí se dice que Bogotá cuenta con 20 mil buses, busetas y colectivos y que 7.000 de ellos deberían salir de circulación. Y lo que se concluyó en el Plan Maestro es que Bogotá debería tener como máximo 12 mil buses aproximadamente.

Sin embargo, los transportadores manejan sus cifras. En su momento, Alcides Torres, presidente de la Asociación Nacional de Transporte Urbano (Asotur), aseguró: "La reducción de la sobreoferta no es la que hablan los expertos en los escritorios. Son 2.500 ó 3.000 carros solamente".

César González, presidente de Conaltur (Confederación Nacional de Transportadores Urbanos), agregó ayer: "En estos momentos no hay un estudio serio que respalde un cálculo cierto de la sobreoferta del servicio de transporte que puede existir en Bogotá. Para el buen gobierno es indispensable tener lo más pronto posible una cifra cierta y única".

González recordó además que en el gremio se ha conocido otra -de parte de la Contraloría Distrital- que habla de más de 9 mil vehículos que están sobrando.

En un artículo, Arturo Ardila, director del Grupo de Estudios de Transporte de la Universidad de los Andes, estimó la sobreoferta "en más de 10 mil vehículos".

Por su parte, Néstor Sáenz, coordinador del Programa de Investigación de Transporte de la U. Nacional, sostuvo incluso que la ciudad "no se ha puesto ni siquiera de acuerdo en saber qué es la sobreoferta", pues recordó que hay varios sectores de Bogotá donde la gente se queja, paradójicamente, porque faltan buses.

YESID LANCHEROS

REDACTOR DE EL TIEMPO
yeslan@eltiempo.com.co

Aunque la llamada 'Declaración de Lima', texto que suscribirán los mandatarios al final de la Cumbre, terminaba de afinarse ayer, los asuntos por fuera de la agenda ocuparán la atención central del encuentro.

• Se intensificaron operativos para localizar a los rehenes de las Farc, anunció el Gobierno
• 'Ojalá las Farc anuncien la liberación de Íngrid Betancourt antes de la cumbre de Lima': Uribe

La Corte Constitucional ordenó indemnizar a la madre, de 13 años, porque la red de clínicas afiliadas a la EPS Coomeva, en Cúcuta, no le practicó el aborto tras haber sido violada.

"El niño tuvo la mejor de la suerte porque cayó en manos del ICBF. Lo importante fue que no abortó, que al bebé se le dio todo el cariño y el afecto y se inició el proceso que ordena el Código de Infancia y Adolescencia, respecto a los trámites legales", dijo Contreras.

Recordó que, según el Artículo 75 del Código, todos los documentos y actuaciones administrativas y judiciales del proceso de adopción son reservados por 20 años y solo podrán expedirse o dar información a los adoptantes, a la Procuraduría, la Fiscalía y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para efectos de investigación.

La menor fue llevada a dar a luz a su hijo prematuro en la Clínica San José de Cúcuta, donde nació a mediados de junio pasado, luego de que la niña tuvo algunas complicaciones de salud.

ARTURO PEÑALOZA
CORRESPONSAL
CÚCUTA

El incidente era el corrillo por todo este municipio del norte del Valle del Cauca. El Alcalde llegó seguido de hombres y mujeres al cuartel, en el centro urbano, donde le pidieron a Moncada que lo entregara al municipio.

El comandante se negó y se encerró con candado. En ese momento en el lugar apareció una segueta con la que el grupo de protestantes empezaron a cortar la reja de entrada. Después de varios minutos lograron entrar y se hizo presente la Policía.

Moncada dejó de hacer resistencia en ese momento. El alcalde Gómez dijo que se le está pidiendo claridad sobre los manejos de los Bomberos, una parte de cuyo predio habría sido escriturado a una pariente delbombero, y  donde funcionan una discoteca y otro local arrenados.

Gustavo Ramírez, habitante de un municipio vecino, dijo que llegó porque se enteró de la protesta. "Vengo a reclamar el pago de una rifa hecha por los bomberos de Versalles", dijo.

Moncada, antes de ser llevado en el carro de la Policía, dijo que con sacrificios ha sostenido el grupo de socorro y que no ha cometido irregularidades.

Otras personas decían que el Alcalde considera a Mocada un rival político y quiere tener el manejo de ese cuartel en esa localidad de unas 12.000 personas.

El río Cauca volvió a romper dique hace unos 15 días en el corregimiento de Puerto Venecia, en la región conocida como El Corcovado y anegó a 10 corregimientos, de los 20 que tiene este municipio ubicado en la zona de La Mojana bolivarense. El jarillón ubicado en la finca 'El Calvario' cedió y las aguas crecieron 1,5 metros aproximadamente.

Es una inundación devastadora por culpa de un invierno ajeno. "Esto es apenas un aviso de lo que va a venir, porque por aquí no llueve todavía con fundamento", dice el Secretario de Obras de Achí, Pedro Galvis.

El desbordamiento del Cauca tuvo origen en la ola invernal en Antioquia. Los torrentes en esos lares aumentaron los caudales del río y la zona de El Corcovado casi desaparece, otra vez.

"Apenas llueve en las cabeceras del Cauca, nosotros nos hundimos", dice Giovanni Serpa, otro damnificado del corregimiento de Boyacá, donde 37 viviendas quedaron tapadas por el agua.

En esta primera embestida del Cauca se han perdido unas mil hectáreas de arroz, 700 de maíz y unas 5 mil cabezas de ganado están siendo desplazadas a tierras altas, según los cálculos preliminares que maneja la Alcaldía de Achí.

En las calles del pueblo, donde el río aún no se mete, los campesinos secan el maíz para venderlos un 50 por ciento menos de su precio en el mercado de Magangué. Algunas familias duermen en albergues improvisados en escuelas, mientras otras se resisten y acomodan hamacas o hacen cambuches cerca de ellas.

El hambre y las enfermedades se propagan. Los sueños de una bonanza parecen esfumados. Y es que los precios de venta del maíz, el arroz y otros productos agrícolas mejoraron este año.
Hace tres años un bulto de arroz era vendido por 20 mil pesos.
Por estos días, ese mismo bulto cuesta casi el doble, unos 40 mil pesos.

"Llevamos 15 días fregados, los hombres no tienen dónde trabajar porque no hay tierras. Los niños y las mujeres estamos tumbadas con las fiebres y los dolores en los huesos, por aquí poquito es el que está parado (sic)", dice Milagro Meneses, una madre comunitaria. Sus hijos llevan dos semanas comiendo mangos para mitigar la hambruna y están llenos de granos en los brazos y afectados por la gripe.

Tempestad en Cali

Una tempestad inundó ayer cerca de 15 barrios de Cali y puso en interrogantes el sistema de drenaje de aguas lluvias. Los vecinos dicen que esa red no opera en forma debida, mientras que las autoridades sostienen que eso se debe a la cantidad de basuras que le arrojan a diario.

"El agua subió hasta la cintura dentro de la casa", se quejaba Ana Vargas, que se levantó a las 5 de la mañana por el temporal, que se prolongó dos horas. El director de Aguas Residuales de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), ingeniero José Cerón, dijo que fue un aguacero no visto en los últimos años y que limpiarán las redes.

Se extienden enfermedades

Aunque las aguas comenzaron a bajar en Achí, el drama continúa.
La propagación de enfermedades parece incontrolable. Las mujeres y los niños son los más afectados.

La secretaria de Gobierno, Ruth Montalvo, dijo que el municipio está haciendo jornadas de salud para vacunar a la población más vulnerable. A las zonas han viajado comisiones para atender enfermos. La alcaldesa Cristina Acosta viajó el lunes a Cartagena a tocar las puertas de la Gobernación para conseguir ayuda para superar la crisis humanitaria del pueblo. El gobernador Joaco Berrío anunció que viajará el sábado al municipio.

VICENTE ARCIERI G.
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
ACHÍ (SUR DE BOLÍVAR)

ARACATACA (MAGDALENA)

Las propiedades, representadas en casas, apartamentos, fincas y locales comerciales están valoradas en 25 millones de dólares, ubicadas en los municipios de Puerto Escondido, Tierralta, Valencia y Montería, donde Mancuso ejercía su poder militar.

En medio de un sorpresivo operativo realizado por personal de la Dijín y funcionarios de la Fiscalía, se realizó ayer el procedimiento con fines de extinción de dominio.

La casa del desmovilizado jefe paramilitar, ubicada en el barrio La Castellana, al norte de Montería, que había sido ocupada desde el año pasado por las autoridades, ayer fue custodiada por un piquete especial de uniformados.

Pese a los interrogatorios de la prensa, el personal encargado de las diligencias se abstuvo de dar declaraciones.

Sin embargo, en horas de la tarde la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado de prensa en el que fue detallada la operación.

LOS TESTAFERROS

En Córdoba causó revuelo la noticia de la sindicación del ex gobernador Benito Osorio Villadiego, de ser testaferro de Mancuso.

El ex mandatario, quien había sido nombrado en calidad de encargado por el presidente Uribe en la gobernación de Córdoba desde el pasado primero de enero de este año, tuvo que renunciar a los 17 días siguientes, al salir a la luz pública su relación cercana con el ex líder de las autodefensas.

A Osorio la Fiscalía lo señala de haber comprado propiedades a Araam Assías Solar, hombre de confianza de Mancuso, y quien fue asesinado en febrero pasado en el municipio de Tierralta.

EL TIEMPO intentó hablar con Osorio, pero fue imposible ubicarlo.

También figura como testaferro la ex gerente de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), Sor Teresa Gómez Alvarez, quien es investigada por el asesinato de la líder de los desplazados de Córdoba, Yolanda Izquierdo. 

A Sor Teresa también la acusan de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la actualidad se encuentra prófuga de la justicia.

La viuda del desaparecido Carlos Castaño Gil, Kenia Gómez Toro, también aparece con una de las propiedades ocupadas, pero las autoridades no entregaron mayores detalles.

La Fiscalía también indicó que otros bienes ocupados aparecen a nombre de Liliam Bustamante, Antonio Adonis González González, Luis Arturo Acosta Jaramillo, Richard José Argumedo López, Gabriela Inés Henao Montoya, Raúl Enrique Zapata y Funpazcor, que habrían comprado los inmuebles a Sor Teresa Gómez.

Otro grupo de presuntos testaferros está compuesto por Araam Assías Solar (asesinado en febrero de este año), Adolfo Antonio Arrieta Arrieta, Horacio Villegas Botero y Alirio Zamora Ardila.

MONTERÍA

Aciertos y aspectos que se deben mejorar

1. La mortalidad infantil en Medellín disminuyó 21 por ciento durante los últimos cuatro años, pero el embarazo en las adolescentes aumentó 5,8 %.

2. Los homicidios cayeron a la mitad. Pasaron de 60 a 30 muertos por cada 100 mil habitantes. Pero bajar la tasa de ahí sería mucho más difícil.

3. El desempleo pasó de 15,4 a 12,2 por ciento. Pero esta cifra se mantiene por encima del promedio nacional y de ciudades como Cali y Bogotá.

4. La cobertura en régimen subsidiado de salud creció en 132 por ciento, al pasar de 267 mil afiliados a 620 mil, superando las metas del plan de desarrollo.

 MEDELLÍN

La BPP tiene más de 50 años y es una de las entidades culturales más respetadas en la ciudad.

ISABEL CRISTINA GONZÁLEZ ESPECIAL
PARA EL TIEMPO
MEDELLÍN

JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

 "Se estudiarán alternativas de negocio en el sector de medios impresos, industria editorial, Internet, comercialización de productos y demás sinergias que puedan desarrollar conjuntamente", agregó el periódico.

"Este es un paso más para el grupo en su interés por crecer en Colombia, donde ya estamos presentes", afirmó Jaime Polanco, director estratégico y de desarrollo corporativo de Prisa.

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

Este año, en la lista de 'predadores' hay 39 nombres, que incluyen a organizaciones ilegales como el movimiento islámico Hamas y la organización terrorista vasca Eta, y que abarcan desde figuras globalmente conocidas como el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad y su homólogo chino, Hu Jintao, hasta líderes de menor reconocimiento como el jefe de Estado de Laos, Chummaly Sayasone, o el jefe de la Junta Militar birmana, Than Shwe.

Colombia aparece mencionada dos veces por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En el primer caso, es por el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna'.

RSF también publica un listado jerárquico de países en el que califica el grado de libertad de la prensa en 169 Estados. En esa lista, Eritrea, un país del nororiente de África -antigua colonia italiana- aparece en el último lugar.

Colombia tiene un preocupante puesto: el 126, aunque mejoró con respecto al año pasado (ver nota anexa).

La situación de riesgo de los periodistas en el mundo la pone de relieve el informe que publicó recientemente el Instituto Internacional de Prensa (IIP), con sede en Viena, en el que se da cuenta de la muerte violenta de 93 reporteros en el año pasado.

Esta cifra es la segunda más elevada en una década, después del 2006, año en el que perecieron 100 periodistas en todo el mundo.

Más de la mitad de los periodistas que murieron en el 2007 -42- fallecieron en Irak, mientras que 19 perdieron la vida en Asia, la mayoría en Pakistán, así como en Filipinas, Sri Lanka y Afganistán.

El IIP señaló además que el año pasado se registró el "primer asesinato planeado" contra un periodista en Estados Unidos desde 1993. Se refiere al caso de un editor de un periódico de Oakland, en California.

"La censura (en África) existe en todas sus formas, desde la agresión física hasta el abuso sutil de la burocracia", dice el comunicado del Instituto.

El IIP criticó que China sea el país con más periodistas presos, con 30 reporteros y 50 'bloggers' actualmente en prisión, mientras que en Rusia "la impunidad existe para aquellos que acosan, asaltan o asesinan periodistas".

Nuevas formas de presión

Aunque los protagonistas del listado de RSF suelen ser gobiernos o grupos armados que rara vez rinden cuenta de sus actos violatorios de la libertad de prensa, hechos recientes sugieren que está tomando forma en el mundo una nueva forma de coartar la libertad de  prensa en la figura de presiones sutiles y, a menudo, legales.

Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó que un banco estatal de Uruguay haya retirado la publicidad  del semanario 'Búsqueda',  en aparente represalia por una investigación  periodística sobre procesos crediticios.

En Argentina, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su preocupación por lo que consideró ataques de "sectores oficiales y paraoficiales" contra la prensa en general y en particular contra editores y periodistas de 'Clarín', el diario de mayor tiraje en el país.

La reacción se conoció un día después de que el periódico denunció amenazas contra su directora, Ernestina Herrera de Noble, y Héctor Magneto, uno de los dueños del grupo que lo edita.

Por si fuera poco, un grave ataque a la libertad de prensa ocurrió el sábado en Guatemala, en donde Mérida Pérez, un periodista de 40 años que trabajaba desde el año pasado como corresponsal del diario 'Prensa Libre' en Coatepeque, fue asesinado en su vivienda.

El reportero se encontraba en su domicilio cuando un individuo sin identificar ingresó en la casa y le disparó cuatro tiros en la cara. 

WILSON FERNANDO VEGA
REDACCIÓN INTERNACIONAL

• Los que entran y los que salen de la lista de Reporteros Sin Fronteras (RSF)
• La situación en Latinoamérica

Hasta el momento, las cifras oficiales mencionan que en China hay por lo menos 15 mil muertos y unos 40 mil desaparecidos, además de 64 mil personas heridas.

En Birmania, el balance es de 38.491 muertos y 27.838 desaparecidos, pero organismos de socorro dicen que las cifras finales pueden superar los 100.000 muertos. 

El régimen militar de Birmania decidió actuar por sí solo e impidió el acceso al país de expertos extranjeros en rescate. Sin embargo, ni siquiera contaba con el equipo suficiente para descargar la ayuda de un Boeing 747.

A esta situación se sumaron las demoras para otorgar las visas a los colaboradores que pretendían ingresar al país para garantizar la distribución adecuada de las provisiones y para colaborar en las labores de rescate.

Esta situación podría ser más grave si se cumplen los pronósticos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, según los cuales se avecinan lluvias de gran magnitud en el país.

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha criticado duramente a la Junta Militar de Birmania, presidida por el general Than Shwe. El funcionario expresó "gran preocupación y una frustración enorme" por la "respuesta inaceptablemente lenta a esta grave crisis humanitaria".

Por su parte, la portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Elisabeth Byrs, declaró: "Tememos una segunda catástrofe a menos que nos permitan disponer de la máxima ayuda con rapidez y poner en marcha un esfuerzo logístico comparable al que siguió al tsunami (que afectó las costas del sur de Asia en diciembre del 2004)".

El jefe de las operaciones humanitarias de la ONU, John Holmes, dijo que el principal problema que enfrentan actualmente es que no se permite el acceso del personal humanitario internacional a las áreas afectadas en el delta del río Irrawaddy.

"Seguimos urgiendo a las autoridades de Birmania un cambio radical en ese sentido, para permitir que el personal internacional haga su trabajo en las áreas afectadas", dijo.

El contraste del gigante asiático

El gobierno comunista chino también vetó el ingreso de personal extranjero luego del terremoto del lunes, cuya magnitud de 7,9 grados en la escala de Richter destruyó pueblos enteros, especialmente en la región montañosa de la provincia de Sichuan.

Sin embargo, aceptó ayuda extranjera para las miles de personas que quedaron desamparadas. De inmediato, 20.000 soldados y policías fueron enviados a la zona del desastre, mientras otros 30.000 se movilizaron en aviones, trenes, camiones e incluso a pie, pues los caminos quedaron intransitables.

El primer ministro Wen Jiabao ordenó el envío de alimentos, ropa, tiendas y sábanas de plástico para las víctimas, y viajó a la zona para expresar solidaridad con la población.

Los líderes parecían empeñados en dejarles saber a los chinos y al mundo que tienen todo bajo control para encarar la peor tragedia natural que soporta el país en tres décadas, a solo tres meses de los Juegos Olímpicos de Pekín, que comenzarán el 8 de agosto.

Cuando se le preguntó si le inquietaba el hecho de que los chinos no hayan dicho todavía qué tipo de asistencia de las Naciones Unidas aceptarían, la portavoz del organismo, Michele Montas, respondió: "No creo que (el secretario general) esté tan preocupado porque hasta ahora no hemos tenido informes de que no llega ayuda a los sobrevivientes ni de que no estén siendo atendidos (...) Lo que le preocupa es la situación en Birmania, porque la gente no estaba recibiendo asistencia", señaló.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, pidió a su homólogo chino, Hu Jintao, que le diga al régimen militar birmano que su país actúa de buena fe cuando propone ayuda humanitaria tras el paso del ciclón 'Nargis'.

NUEVA YORK (AP-Efe)

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La más espectacular de todas por su belleza y quien parece haberse colado en el Gobierno es Mara Carfagna, que antes de llegar a la política trabajó como azafata y presentadora de televisión.

Su belleza la llevó, incluso, a participar en el concurso de Miss Italia, donde quedó en sexto lugar. A diferencia de otras 'misses', Carfagna sumó el colorete con los libros y consiguió licenciarse en Derecho. Al mismo tiempo, también protag