Secretos empresariales

De hecho, a tres días de la inauguración de Imaginna 2008, Flórez enumera algunos aspectos que permiten ser realmente competitivos: la capacidad de producción, los tiempos de entrega, el portafolio de productos, la calidad y la experiencia en montaje de grandes proyectos.

Son premisas que el sector de mobiliario para oficina en Colombia debe implementar, más aún si se tiene en cuenta que cada año ingresan al mercado nuevas empresas.

Flórez sustenta su afirmación con datos de la Superintedencia de Sociedades que indican que el mercado está compuesto por, aproximadamente, 81 compañías divididas entre productores, comercializadores y diseñadores de soluciones para oficina.

Agrega que 75 por ciento de las compañías de este sector tienen actividades comerciales en Cundinamarca, aunque también hacen presencia en en Antioquia, Valle y Atlántico.

Además, la mayoría de las empresas son fabricantes y cuentan con una o varias plantas de producción; sin embargo, solo 4 por ciento presenta ingresos operaciones anuales superiores a los 20.000 millones de pesos y apenas 10 por ciento del sector tiene la capacidad de exportar.

En este punto, el empresario reconoce como fortaleza la buena percepción que se tiene de Colombia en el exterior. "Es algo que debemos aprovechar, pero insisto, implementando un departamento de investigación y desarrollo, que en el caso de los muebles para oficina es clave en el objetivo de incrementar la competitividad en los mercados nacional e internacional", anota Flórez, quien concluye con varios consejos: "Inviertan en tecnología e innovación; no copien, diseñen; asuman riesgos y piensen a largo plazo".

¿Cómo está Colombia en diseño?

Algo se ha evolucionado, pero aún nos falta competir, precisamente, con más diseño y, sobre todo, con visión empresarial.

¿Persiste el problema de los empresarios que piensan que el diseño es un gasto y no una inversión?

Sí. De ahí que sea necesario unirnos para consolidar grandes contratos y, en ese sentido, es vital el papel de las nuevas generaciones. De hecho, a través de Prodiseño y de la Red Latinoamericana queremos apoyar a los jóvenes. Muestra de ello son los 2.300 inscritos en la RLD.

Colombia es fuerte en la fabricación de muebles y, en consecuencia, eso debería reflejarse en exportaciones...

Debería reflejarse pero insisto, falta unirnos y reforzar una cultura empresarial acorde con lo que se hace en otros países. México, para citar solo un caso, es ejemplo de buen trabajo en tecnología y comercio exterior; nosotros tenemos el impulso; incluso, a pesar de la revaluación exportamos pero debemos exportar más.

De hecho, en mobiliario de oficinas tenemos una fortaleza que se verá reflejada durante Imaginna, pues realizaremos la segunda convención sobre el tema.

¿La falta de recursos frena cualquier intención de desarrollo y de exportación?

Claro, pero no es una disculpa. De todas formas esperamos que se analice la nueva Ley de Cultura para hacerle entender al Estado que hay una relación estrecha con la ciencia y la tecnología.

El desarrollo de Corea, precisamente, es producto de esa fusión y de las empresas que tienen entre su presupuesto un rubro importante para el diseño, lo que no sucede en Colombia.

A esto hay que sumarle que cerca de 90 por ciento de las empresas del sector mueblero son Pymes lo que demuestra, claramente, la creciente necesidad de fortalecer una proyección empresarial. Hay que reconocerles su labor y esfuerzo, pero también -y no es un secreto- que en muchas de ellas un gerente es 'todero' y eso aún corresponde a un trabajo muy informal.

¿Qué responsabilidad ha asumido la academia?

Hay una suma de voluntades y, por ejemplo, durante la feria Imaginna (en Bogotá) se realizará el Foro colombiano de diseño con el apoyo del Sena. Esta se replicará en Medellín el 22 y 23 de mayo; vale destacar que contará con conferencistas de México, Brasil, Argentina, Chile, Canadá y Colombia.

Destaco esto porque también es un espacio para las nuevas generaciones y, de paso, la oportunidad de insistir en la creación del Sistema Nacional de Diseño con el que se espera impulsar el uso del diseño en la industria en pro de la competitividad e insisto, en la búsqueda de herramientas para impulsar las exportaciones en lo que -reconoce- se hacen grandes esfuerzos.

De hecho, cifras de Proexport indican que al sumar los sectores del mueble y la maderas las exportaciones en el 2007 sumaron 182 millones de dólares contra 135 del 2006.

gabflo@eltiempo.com.co

Un sector regulado, pero sin control

A la ingeniera civil Claudia Alfaro -experta en gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional- también le sorprende que un sector tan regulado presente estas inconsistencias. "Hay obreros que van tres días o una semana a un proyecto y ante una mejor oferta abandonan el trabajo".

"Eso no es nuevo y es producto, precisamente, de tareas que se realizan en cortos periodos de tiempo", asegura Alfaro, quien reconoce que las constructoras de peso que tienen grandes proyectos pueden darles cierta estabilidad a sus trabajadores y ubicarlos en diferentes obras, y que los problemas de seguridad social y accidentalidad tienen más impacto en pequeñas y medianas construcciones.

Sin embargo, ante esta informalidad ninguna está exenta de una eventualidad. Maldonado recuerda que la actividad de la construcción está catalogada como clase V, es decir, de alto riesgo, lo que significa que se tiene una probabilidad tres veces mayor de causar muerte y dos veces mayor de dejar personas lesionadas que en los demás sectores productivos.

Sonia Galvis, gerente en Colombia de la multinacional inmobiliaria Coldwell Banker, coincide con Alfaro en que las empresas serias no permiten que la mano de obra ingrese sin ser afiliada a la seguridad social y agrega que debería hacerse una campaña encaminada a facilitarle la vida al constructor a través del beneficio de los obreros a quienes -dice- "también hay que educar".

El arquitecto Orlando Calvo, representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura (Acfa), que en mayo próximo realizará un seminario sobre residencia de obra y en el que el tema de la seguridad industrial será analizado, agrega que la informalidad pesa cuando se quiere emprender la tarea que señala Galvis.

"La presión del día a día en una construcción y el hecho de que muchos de estos trabajadores dejen el puesto en cualquier momento hace que estos procesos se dilaten".

Para contrarrestar este problema, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ha puesto en marcha el programa 'Manos que construyen', por medio del cual buscan contribuir al mejoramiento integral de la calidad de vida del obrero promoviendo el sentido de pertenencia con el sector; tras esa meta impulsan cursos técnicos cortos en el Sena, entre otros.

Aún así, el viceministro de Vivienda Luis Felipe Henao considera que la formalización del sector está en mora y depende de un proceso de tecnificación serio, pues es evidente que la mano de obra no calificada está a la deriva, pasando de actividad en actividad ya sea en el mismo sector edificador o en otros: ventas ambulantes e incluso, mototaxismo, como percibí recientemente en Valledupar donde no hay trabajadores de la construcción porque se han ido a donde ganan algo más, informalmente.

"La vulnerabilidad es un hecho y aumenta por los factores identificados: alta rotación de los trabajadores, especialmentre de los no cualificados; gran proporción de empleados sin experiencia y ausencia de gestión en salud ocupacional en la mayoría de los proyectos", concluye Maldonado.

GABRIEL E. FLÓREZ. G
Coordinador editorial Vivienda

¿Es cierto que la  ley dice que los arrendatarios me deben pagar el 1,5 cánones de arriendo por cada año vivido o es 1,5 cánones por todos los años vividos? ¿ cómo debo notificarles y con cuánto tiempo de anterioridad?

Respuesta
Andrés Martínez, abogado especialista en conciliación, responde que la ley de arrendamientos efectivamente exige un pago pero para el caso en el que el arrendador -al aproximarse el vencimiento de una nueva prórroga contractual-  manifiesta como causal de terminación unilateral del contrato de arrendamiento la plena voluntad de dar por terminado el contrato. La indemnización de 1,5 veces el canon de arriendo aplica siempre y cuando el contrato de arrendamiento cumpliere como mínimo cuatro años de ejecución.

La indemnización es de 1,5 cánones y, a partir del 2003, se paga por única vez independiente de cuántos años haya habitado el bien. Antes el pago dependía de la cantidad de años.

Pero no basta una simple carta, deben tenerse en cuenta aspectos y eventualidades como que  la nota de entrega debe hacerse como mínimo con tres meses de anticipación, que paralelamente con la comunicación debe informarse al inquilino que se  procederá a pagar la indemnización de ley y que la notificación de cese del contrato de arrendamiento e indemnización ha de hacerse por servicio postal  autorizado (no por cualquier correo).

Además, deben consignar efectivamente a favor del arrendatario -y a órdenes de la autoridad competente- la indemnización dentro de los tres meses anteriores a la fecha señalada para la terminación unilateral del contrato.

La consignación se efectuará en las entidades autorizadas por el Gobierno Nacional y la autoridad competente (para el caso de Bogotá es la Subsecretaria de Control y Vivienda) allegará copia del título respectivo al arrendatario o le enviará comunicación inmediatamente.

Vale aclarar que el valor de la indemnización se hará con base en la renta vigente a la fecha del preaviso. Al momento de efectuar la consignación se dejará constancia en los respectivos títulos de las causas de la misma (la voluntad unilateral del arrendador), así como también el nombre y la dirección precisa del inquilino o su representante.

Si el inquilino cumple con la obligación de entregar el inmueble en la fecha señalada, recibirá el pago de la indemnización después de la autorización que expida la autoridad competente.

En caso de que el inquilino no entregue el inmueble, el arrendador tendrá derecho a que se le devuelva la indemnización consignada; además podrá iniciar el proceso de restitución del inmueble, ante el juez civil respectivo.

Ahora bien, si el arrendador -con la aprobación del inquilino y hasta el último momento- desiste de dar por terminado el contrato podrá solicitar a la autoridad competente, la autorización para la devolución de la suma consignada. 

"He pagado arriendo durante dos años, lo mismo que abogado, predial, administración y hasta he tratado de vender dos veces pero no he podido por el problema", asegura Sergio Acero, ingeniero constructor y dueño de dos de los apartamentos.

El inconveniente comenzó en el 2004 cuando la reducción de las ventas generó desconfianza entre algunos copropietarios que dejaron de pagar sus cuotas y obligó a la firma constructora Torre Mayor S.A. a frenar el desarrollo del edificio. Allí empezó el atraso de la obra que se inició en el 2002 y debía ser entregada en el 2004.

A mediados del 2005, algunos de los copropietarios formaron un comité para tratar de llegar a un acuerdo con la constructora terminar, por fin, el proyecto. Así, y a través de una fiducia, se reiniciaron los pagos para destinarlos a la terminación del edificio.

Además, el comité buscó un acuerdo con el Departamento de Planeación de Medellín para que les entregara el paz y salvo o recibo de obra de forma parcial. Este requisito, por Ley, es indispensable para conectar los servicios públicos a cualquier propiedad.

Sin embargo -según cuenta Dorely Restrepo, administradora del edificio- se presentaron muchas irregularidades.
Al parecer, en el acuerdo con Planeación algunos de los copropietarios -noventa, exactamente- lograron que les otorgaran el recibo de obra de forma parcial.

Como garantía de finalización del proyecto a Planeación, el comité presentó las restantes once copropiedades pese a que, según Restrepo, ya estaban vendidas, incluso, desde el inicio del proyecto.

Por este acuerdo, los 90 apartamentos fueron ocupados a mediados del 2006 por sus dueños y con los servicios públicos conectados. Pero los restantes once copropietarios se quedaron en el aire, especialmente por la liquidación de la constructora ese año. "Ahí comenzó el calvario. Algunos lograron que les conectaran los servicios con tutelas. Sin embargo, a otros se las negaron con el agravante de que, al parecer, se los van a desconectar de nuevo por la falta del recibo de obra", insiste la administradora.

Las partes hablan de soluciones
Ante el problema, el director de Planeación de Medellín, Carlos Jaramillo, aseguró que en todo el proceso la entidad actuó con base en la Ley. Según el funcionario, el acuerdo se logró gracias a que los copropietarios y la constructora se comprometieron a terminar la obra y presentaron como garantía once apartamentos sin vender.

"Eso fue lo que presentaron. Estuvimos de acuerdo en ayudar para que esas personas pudieran pasarse a sus viviendas. Pero, curiosamente, luego se vendieron esos once apartamentos", asegura el funcionario, quien insiste en que los dueños tienen la vía legal para demandar una solución "pues el municipio ha hecho lo legalmente posible".

Por su parte, Elías Araque, abogado y representante de la extinta constructora Torre Mayor S.A., sostiene que en ningún momento presentaron los once apartamentos como si no estuvieran vendidos.

"Eso es una inconsistencia. Esos apartamentos estaban vendidos, algunos, incluso, desde que empezó la obra", asegura Araque quien agrega que Planeación tampoco asistió al proceso de liquidación de la firma edificadora donde se debía aclarar la forma de pago de los impuestos de construcción y urbanismo generados por el proyecto.

Estos impuestos tienen hoy al edificio Torre Mayor sin el recibo de urbanismo de Planeación, necesario para quedar a paz y salvo en sus requerimientos de ley.

Sin embargo, el abogado insiste en que están a punto de llegar a un acuerdo con Planeación para lograr que los apartamentos obtengan, al fin, el permiso para la conexión de los servicios públicos y para el recibo total de la obra.

Un lector explica que en su conjunto, de 10 copropietarios, "la administración está a cargo de un vecino nombrado por asamblea. Para labores de aseo, abrir puerta, pintar, lavar fachadas, vidrios y limpiar canales -entre otros oficios- se tienen tres turnos con cargo de toderos contratados directamente.

"En la semana trabajan dos toderos en turnos de 12 horas y con descanso el domingo; ellos abren puertas y avisan del ingreso al conjunto. El tercer todero trabaja cinco horas de martes a sábado, el domingo está las 24 horas y descansa el lunes; además desempeña las otras labores.

"Adicionalmente se contrató un jardinero que viene una vez al mes a arreglar matas y cortar el pasto, ¿esto genera una responsabilidad laboral? ¿habría contrato verbal de trabajo?
"¿En qué incumplimientos de Ley se está incurriendo? ¿qué sanciones podrían darse? y ¿quién tendría que pagar la sanción?

Respuesta
Un todero se refiere a aquel trabajador hacedor de 'todo'. En mi concepto, dada la naturaleza del servicio (todero) no veo inconveniente en que la contratación sea directa; no obstante, es imperativo el cumplimiento de la normatividad laboral.
La situación es que la norma colombiana no permite jornadas superiores a las 8 horas diarias y, como máximo, 2 horas extras.  En este orden de ideas, la contratación  permanente de 12 horas no es procedente.

Esos trabajadores no deben laborar más del 25 por ciento de su jornada ordinaria; es decir, máximo 10 horas.
Por esto se necesitarían 3 empleados (3 en jornadas de 8 horas o 2 en jornadas de 10 más una persona en una jormada de 4 -lo cual no es práctico-). A ellos se debe sumar un trabajador para los descansos dominicales y feriados.

Lo que se puede hacer es optimizar el trabajo de los 3 trabajadores, creando turnos rotativos de 8 horas y viendo la posibilidad de contratar un trabajador para los relevos.  Obviamente aumenta el costo que se tenía programado.

Las sanciones las impone el juez laboral, siempre que el trabajador reclame y se puedan comprobar las horas extras y demás pretensiones.

El jardinero estaría contratado bajo la modalidad de prestación de servicios ya que su labor es ocasional, no está subordinado ni cumple horarios. Recomiendo formalizar un contrato escrito para evitar malas interpretaciones.

La características del contrato de trabajo son muy sencillas y si se configuran -independientemente del nombre que se le de a la labor contratada-  se estaría inmerso  en su reglamentación.
 Sería procedente solicitar al jardinero su inscripción como empresa para evitar vinculaciones de tipo laboral.

Turnos de 12 horas
Francy O. Cala cuenta que, a través de una cooperativa de vigilancia, tienen contratado este servicio pero quiere saber si la autorización para que se sigan laborando las 12 horas -como hasta ahora- la debe solicitar directamente el conjunto residencial o puede hacerse por medio de la cooperativa.

Respuesta
La jornada máxima legal permitida es de 8 horas diarias y 48 a la semana y se permiten únicamente 2 horas extras diarias y 12 acumuladas a la semana.  El trabajador podrá acordar con su empleador la distribución flexible de las 48 horas a la semana en máximo 6 días con un día de descanso obligatorio.

 La jornada de los vigilantes, entre otros, fue determinada por la Ley 6 de 1.981 donde se recuerda que es la máxima legal que consagra el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y que tiene derecho a un día de descanso compensatorio remunerado por cada dominical o festivo laborado.

La solicitud de autorización para laborar horas extras se debe dirigir al Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social (Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) por el empleador y es para que los trabajadores laboren 2 horas extras, fuera  de las establecidas para la jornada máxima legal -es decir para completar 10 diarias-.

La otra situación, reglamentada en la ley, es la establecida en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo. El patrono puede aumentar la jornada laboral a las 10 horas pero solamente por razones de fuerza mayor, caso fortuito y en la medida que el trabajo sea necesario  para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación grave. 

Esta medida cae como 'anillo al dedo' para muchas copropiedades que -ante la falta de atención de la policía y el escaso control de algunas empresas de vigilancia- se convierten en presa fácil de hechos pequeños pero que dañan notablemente las relaciones entre vecinos, el administrador y el consejo.

Entonces pueden ser condenadas aquellas personas que dañan los sellos de los contadores de servicios públicos y piratean los servicios de las zonas comunes. También los vándalos que practican tiro al blanco rompiendo los faros, dañan los elementos de los parques o causan mal en bienes ajenos.

Esto también aplica para las lesiones personales en caso de riñas entre copropietarios o visitantes (muy común durante las asambleas).

Así mismo, los adolescentes brabucones que golpean a los niños más pequeños pueden ser denunciados para que el juez de pequeñas causas lo envíe a un juez de menores quien -aplicando la ley de infancia- llame la atención de los padres.

En caso de que el joven o el niño problemático reincida y se viole el acuerdo al que se comprometieron los padres también podrían verse judicializados y -dependiendo de la gravedad- el menor puede ir a un reformatorio.

De igual forma, quienes conocen los puntos débiles de la seguridad y aprovechan para robar, por ejemplo, los radios, las copas de los vehículos o algunos elementos de los apartamentos pueden ser denunciados.

Obviamente, hay que tener pruebas para denunciar

"Aquí lo importante es tener una prueba fuerte que evidencie quién cometió el delito. Las grabaciones o las fotografías son ideales pues, muchas veces, testigos como los vigilantes se retractán por temor a represalias o porque ceden al chantaje.

"Vale destacar que si no hay prueba es posible que el demandado contrademande", indica Puerto."Siempre hay que hacer una querella (escrito de los hechos) y puede ser cualquier persona de la copropiedad que tenga conocimiento del ilícito", agrega.

La queja también la puede instaurar el administrador que es quien normalmente queda 'atrapado' en las discusiones de los afectados que esperan un respaldo y los agresores que niegan el delito.

De hecho, los pequeños pero constantes daños resultan afectando notablemente el presupuesto de la copropiedad. Precisamente, lo que se busca es que las personas involucradas concilien antes de que se dicte la sentencia y que el sindicado repare sus errores de inmediato.

Aquí, la idea es frenar desde sus inicios los delitos y persuadir a las personas de la gravedad de empezar a delinquir con 'cosas pequeñas'. La particularidad es que el castigo se dicta de forma inmediata y en caso de que el acusado no acuda y resulte condenado le quedará el antecedente disciplinario.

"Hemos tenido casos de personas y adolescentes de estratos muy altos que no atendieron una denuncia por accidente de tránsito y fueron condenados. Unos meses después los atraparon robando una pestañina o una crema.

"Automáticamente quedaron condenados a un año de prisión porque ya tenían antecedentes. La norma no es benévola con los reincidentes pues la siguiente vez ese 'pequeño' delito no es excarcelable", indica. En estos pocos meses la mayoría de los casos son hurtos en almacenes de cadena y lesiones personales entre jóvenes.

ÍNGRID MORA
REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

GABRIEL E. FLÓREZ G.
COORDINADOR EDITORIAL VIVIENDA

REDACCIÓN MEDELLÍN

EL TIEMPO encontró que a seis derechos de petición, el departamento jurídico del Ministerio de Protección Social respondió que "desde 1981 la jornada laboral -incluyendo a los vigilantes- se redujo de 12 a 8 horas diarias y 48 a la semana. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos diarias ni 12 semanales.

Además, "todo trabajador que labore habitualmente en días de descanso obligatorio tiene derecho a un día compensatorio remunerado por cada dominical o festivo laborado, aparte del pago del recargo de 75 por ciento. Finalmente, manifestamos que ninguna entidad puede aceptar que se le pague a los trabajadores salarios y demás derechos laborales que vulneren los mínimos que consagra el Código Sustantivo del Trabajo".

Así las cosas, el permiso que otorga el Ministerio autoriza al empleador a que sus trabajadores laboren permanentemente durante esas 2 horas extras después de las 8 diarias. El trámite para completar las 10 horas al día tarda 10 días hábiles; el año pasado se recibieron 658 solicitudes.

¿Qué dice la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada?

Al respecto, un vocero de la entidad dijo que "en el transcurso de esta semana se realizará una reunión con el Ministerio para tratar el tema", mientras que en el Ministerio de Protección Social manisfestaron que ya le informaron oficialmente al Superintendente que no es posible otorgar esos permisos y que la única forma de lograrlo sería cambiando la ley laboral.

Vigilancia comunitaria, en veremos

Esta alternativa fue una de las que más impulsó Felipe Muñoz para bajar los costos de la vigilancia pues, en teoría, permite que la copropiedad conforme una empresa comunitaria para contratar directamente los vigilantes y evitarse los costos de intermediación.

No obstante, fue recurrente la queja de que el procedimiento para conformar la empresa comunitaria no es claro y que al consultar a los funcionarios hay una respuesta recurrente: "No está reglamentado y la copropiedad debe tener un capital de 200 millones de pesos".

Ante esto la SuperVigilancia respondió que "los servicios comunitarios están reglamentados en el Decreto Ley 356 de 1994 en los artículos 42 al 46, que a su vez fue reglamentado por el decreto 2974 de 1997, el decreto 1612 de 2002 y la resolución 2852 de 2006, expedida por esta entidad.

"Estas normas no expresan aspectos sobre capital mínimo para los servicios comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada, a diferencia de otros servicios. Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros (sólo) dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad.

"Cabe resaltar que, como servicio comunitario, debe dar cumplimiento a las obligaciones deberes que la Superintendencia como órgano de vigilancia, inspección y control le impone, según el decreto ley 356 de 1994 y las normas que lo reglamenten", indicó un vocero de la entidad.

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La funcionaria dijo que a pesar de que en la Ley está contemplada esta función, el tema de bienes se había dejado en último lugar. "Con este pacto se le está dando la importancia que requiere", enfatizó.

Con Acción Social

En compañía de Acción Social de la Presidencia de la República, la Superintendencia trabaja en los nueve departamentos más afectados por la violencia: Magdalena, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Meta, Antioquia, Valle, Bolívar y Sucre.

Allí cuenta con el apoyo de las oficinas que aún llevan el manejo de los datos y a través de un sistema manual mantiene la información actualizada que se entregará a los fiscales de justicia y paz.

"El acuerdo firmado forma parte de una nueva competencia asignada recientemente a la Superintendencia, con base en el estatuto rural de la Ley 1152 de julio del 2007, mediante el cual se le transfiere a la entidad la labor de realizar el registro único de propietarios de predios y territorios abandonados por la violencia, en el cual incluye las tierras rurales y urbanas.

"Ante esta nueva responsabilidad propusimos un decreto que permitiera recibir la información de manera ordenada por la entidad encargada de realizar esa labor anteriormente, especialmente de los predios rurales.

"De ese modo, debemos adelantar los requisitos de predios urbanos, con base en la información que nos proporcionen los comités de desplazamiento del país y las autoridades legales, con base en la información que reposa en las oficinas de registro de instrumentos públicos", anota Salazar, quien destaca el beneficio para los desplazados que remitan la información de los bienes de los cuales hayan sido despojados.

Por su parte, la Superintendencia deberá entregar el registro de los predios inmobiliarios abandonados.

Mecanismos para la actualización

Según el acuerdo suscrito, el organismo internacional y la Superintendencia realizarán un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social para identificar y proteger los derechos patrimoniales de los colombianos afectados por este flagelo.

Igualmente, con este proyecto se gestionarán convenios para que los estudiantes realicen pasantías y judicaturas para que apoyen la labor de actualización en las oficinas de registro de instrumentos públicos de las zonas más afectadas por el fenómeno y que serán previamente definidas.

En la actualidad, la Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con 191 oficinas para cubrir los 1.111 municipios, donde la protección de los bienes de los colombianos ha pasado a un segundo plano.

Los beneficios serán mutuos, ya que con la firma del convenio la Superintendencia también solicitará apoyo en la creación de nuevas oficinas de registro móviles para atender amenazas de desplazamiento en un evento dado y gestionar, rápidamente, los registros en pro de la protección de los bienes de quienes estén en riesgo de desplazamiento.

Salazar recalcó que el principal propósito es implementar y ampliar la Oficina de Registros Públicos en el país para que los colombianos sean conscientes y conocedores de las políticas de registro y puedan de esa manera proteger sus propiedades.

La Superintendente de Notariado y Registro, Lida Salazar, reiteró que con la firma del convenio la idea es proteger todos los bienes del país.

"Y es que hoy por hoy, especialmente en las urbes, las personas siguen haciendo negocios de palabra y no registran los bienes porque no conocen qué se debe hacer. Esta es una razón más para que el registro llegue a todo el país", dijo la funcionaria, quien agregó que se trabajará conjuntamente en la actualización del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta), que inició su funcionamiento este año. Para adelantar esta labor se reforzará la interrelación Registro-Catastro.

Además, un comité técnico, integrado por dos representantes de cada institución velará porque se cumplan los objetivos consignados en la Carta de Entendimiento entre ellos, que las personas pongan al día la información de sus predios y lograr la actualización predial y catastral de todos los inmuebles del país.

El éxito se basa en que cada crédito involucra desde el diseño hasta la fabricación de los materiales.

Las categorías que mide son sitios sostenibles, eficiencia en el uso del agua, la energía, el medio ambiente, los materiales y los recursos, la calidad del aire interior e innovación en diseño. Incluso, pasó de ser un sistema completamente voluntario a requisito legal de varias agencias del gobierno federal, estatal y local de E.U.

Existen varios niveles de certificación: certificado, cuando obtiene más del 40 por ciento de los puntos; plata con más del 50 por ciento, oro y platino (arriba de 60 y 75 por ciento respectivamente). Se evalúan construcciones nuevas y usadas, interiores comerciales, construcciones residenciales y barrios y comunidades.

El Usgbc se comprometió a tener 100.000 proyectos certificados en el 2010 y un millón para el 2020. No obstante, países como Canadá e India se han adaptado al Leed mientras que México y Brasil ya han certificado varios de sus proyectos.

La idea, según la Superintendente de Notariado y Registro, Lida Salazar, es garantizar la buena y eficaz prestación de este servicio mediante los recursos que maneja el Fondo Especial de Manejo de Cuentas de los Notarios. El incremento depende de la zona, los ingresos mensuales -entre 5 y 20 salarios-. Ahora los ingresos oscilan entre 4 y 6,5 millones de pesos.

Nadie alcanzó el puntaje para presentar la entrevista o no hubo inscritos en Labranzagrande, Villa de Leyva, Maripi, Puerto Boyacá, Somondoco y Toca (Boyacá); Anapoima, Medina, Paime, Une y Yacopí (Cundinamarca); Granada, Mesetas, San Juan de Arama y Vista Hermosa (Meta); Puerto Asís y Santiago (Putumayo); Ataco, Herveo y Ortega (Tolima); y La Primavera (Vichada). En concreto, hay veinte municipios sin candidatos por lo que deberán abrir nuevos concursos.

Algo similar sucedió en La Costa Atlántica, donde quedaron 31 municipios vacantes, y en los Santanderes y Arauca, con 8 oficinas, porque los interesados perdieron el examen.

En contraste, ya empezaron las entrevistas para 242 notarías ubicadas en 12 departamentos, incluyendo Bogotá, que terminarán el 31 de mayo. Para las 77 plazas de La Capital -consideradas las más lucrativas del país- ya hay 478 personas inscritas.

La Superintendente de Notariado y Registro indicó que la lista de elegibles para ocupar las notarías se presentará en orden numérico y que los resultados de esta convocatoria se conocerán en la primera semana de junio.

Así mismo, informó que el proceso ya concluyó en la Costa y los Santanderes, y que de las 154 notarías de la Costa, 97 notarios 'repetirán' periodo y otros 24 funcionarios serán nuevos. En la región de los Santanderes y Arauca, de las 87 notarías convocadas, 59 notarios retomarán su carrera y 20 serán reemplazados por ciudadanos nuevos.

Así, esta semana se firmó un acuerdo de pago con Seguros del Estado y Suramericana de Seguros, cuyos representantes se comprometieron a destinar 40.000 millones de pesos y a finalizar las unidades que ya estaban quedando en el olvido.

"La idea es no dejar que se repita la dolorosa historia de esos proyectos abandonados que se convertían en monumentos a la corrupción porque se iniciaban con recursos públicos pero nunca se terminaban porque no había quien respondiera ni pólizas que respaldaran el incumplimiento", indicó Juan Lozano, Ministro de Ambiente y Vivienda.

Las mayores afectadas con este tipo de situaciones que eran muy comunes cuando funcionaban los extintos ICT e Inurbe, que fueron liquidados por factores de corrupción- son las familias que invierten su ahorro programado llevan décadas esperando sus casas.

Según explicó el representante del Ministerio, "muchos proyectos no se han podido terminar simplemente porque se evidencia la mala fe tanto de constructores como de funcionarios públicos que no tienen explicación técnica para dejar inconclusas las obras y porque los alcaldes no han terminado las obras de urbanismo ni tienen suficiente vigilancia por parte de las oficinas de planeación municipales y se dejan 'comer a cuento' sin tomar las precauciones necesarias.

"Hemos detectado que hay organizaciones delictivas dedicadas a ir de municipio en municipio dejando las obras sin concluir".

Así, además de las denuncias penales por estafa, los constructores que obraron de mala fe tendrán sanciones que van desde la suspensión y la cancelación de la matrícula profesional hasta multas de una salario mínimo mensual por cada 200 metros cuadrados que tenga el proyecto.

Adicionalmente, estos constructores quedarán inhabilitados para volver a proponer proyectos de VIS financiados con subsidios estatales.

Por su parte, Sergio Pérez, representante de Seguros del Estado, indicó "haremos todo el seguimiento y la interventoría para garantizar que las unidades se entreguen en un año y cumpliendo las condiciones de calidad" y agregó que, en algunos casos, repetirán contra las compañías constructoras.

"El mensaje es claro: no permitiremos que se 'tumben' la plata para las viviendas. No permitiremos que las familias de escasos recursos del país no puedan disfrutar de su casa porque hay quienes incumplen o hacen mal las obras. No daremos el brazo a torcer y trabajaremos hasta que esta práctica ilegal se acabe", puntualizó el Ministro.

La medida de exigir las pólizas de cumplimiento se tomó previendo que el presupuesto para los subsidios se incrementó a 410.000 millones de pesos anuales. De hecho, lograron reducir la cantidad de obras paralizadas pues, hoy, sólo en el 3 por ciento del total de proyectos elegibles se reporta incumplimiento.

Vale aclarar que este requisito sólo se exige cuando los subsidios son girados por Fonvivienda y que aún hay riesgo de que otros proyectos queden abandonados porque ni los alcaldes ni las organizaciones populares de vivienda tienen la precaución de protegerse.

Los proyectos que las aseguradoras terminarán están ubicados en 21 departamentos.

• Fin al 'carrusel' del William Garrote en Cundinamarca

Hoy, las duchas de gran formato son las más buscadas del mercado porque tienen infinidad de estilos que van desde un gran círculo o cuadrado de 50 centímetros hasta formas como estrellas o pulpos que en cada 'pata' tiene una pequeña ducha.

"Los diámetros amplios que abarcan más superficie y aquellos complementos que cambian el tradicional chorro por efectos que asimilan muy bien la sensación del rocío, la lluvia, la espuma o el hidromasaje transformaron el concepto meramente funcional de la grifería", explica Marta Zambrano, gerente de mercadeo de Grival.

Estos 'efectos especiales' llegan en diferentes tipos de accesorios. Las cabinas y los páneles para pared los manejan en la ducha, que se combina con varios eyectores que hacen hidromasaje en el resto del cuerpo.

Para quienes tienen menos espacio o prefieren el estilo minimalista, hay una barra que -además de algunos eyectores- tiene una teleducha deslizable y que se ajusta a la altura de niños y adultos.

Los compradores cada vez los buscan más pues, ahora, cuentan con sistemas internos que expulsan uniformemente el agua -evitando que deje de salir por algunos orificios- y exigiendo menos presión para funcionar correctamente. "Se requieren presiones de al menos 20 libras, en La Costa oscila entre 20 y 50, en Bogotá es de 80 a 120 y en Medellín supera las 200", explica la gerente de mercadeo quien insiste que la única precausión es verificar que, si se usa calentador a paso, el baño no esté muy lejos pues ni las duchas ni ningún otro aparato hídrico funcionará correctamente.

Precisamente, los accesorios cuentan con un balance de presión antiquemaduras que regula el paso del agua cuando instantáneamente se hace escasa, por ejemplo, si alguien abre el grifo del lavamanos o enciende la lavadora.

Una cocina de lujo

Las tendencias para la cocina son minimalistas y retro. Aquí las griferías son, además, un objeto para mostrar.

Con la 'onda' de fusionar la sala con la cocina, se hace indispensable tener todo en absoluto orden. Los pocos accesorios a la vista se convierten en sinónimo de lujo y buen gusto pues (especialmente en el estrato alto) la idea es que todo esté perfecto aunque se use poco.

Así, la posibilidad de dirigir el chorro y abrir y cerrar el grifo con un pequeño toque de las manos enjabonadas es la prioridad.

Por eso, el pull out -una especie de teleducha con 50 centímetros de extensión- y los picos altos son los más vendidos pues permiten manipular objetos grandes como las ollas.

Los grifos que unen todos los elementos (como las palancas) en un solo bloque son cada vez más aceptados pues le dan un toque contemporáneo y minimalista a los ambientes. Las formas muy lineales, las cuadradas y aquellas que salen directamente de la pared (evitando que las conexiones queden a la vista) son las que más terreno están ganando. Cada vez es más común que se opte por ellas en las remodelaciones.

Con una inversión de 15.000 millones de pesos, para un municipio de 400.000 habitantes y 160.000 desplazados, esta institución se convirtió en el ejemplo para mostrarle a la comunidad internacional durante el VIII Congreso de Hospitales y Clínicas, en el marco de Meditec 2008 (que finalizó ayer en Corferias).

Su fachada con varios cortes y diferentes tonalidades de rojo, da la bienvenida a pacientes y visitantes. "Los colores aplicados en la proporción indicada son curativos porque transmiten frecuencias y la energía de las sensaciones pero se trabajan muy poco en las instituciones de salud. El rojo, por ejemplo, transmite compasión y eleva el ánimo y se usa en la piel y las heridas que han estado infectadas", asegura Jorge Ospina, médico tradicional y director de proyectos de la Clínica Montería, quien explica que la teoría del color para causar sensaciones se ha usado desde los egipcios y la era del Rey Salomón.

Se dice que el azul atrae la tranquilidad porque tiene propiedades antisépticas y equilibra y calma la mente; además, ayuda a combatir el dolor y a bajar la presión sanguínea. Lo han fijado en los lavamanos que están en la entrada de todas las habitaciones para recordarles a los médicos, enfermeros y acompañantes que lavarse las manos es la mejor forma de controlar las infecciones, pues las bacterias se transportan en las extremidades.

Una lección muy valiosa en esta tierra cordobesa donde, tristemente, los males infecciosos por problemas de higiene son la primera causa de muerte. Hace tres años el agua llegaba 2 ó 3 veces a la semana, ahora el servicio se presta de forma permanente.

Con el verde, presente en las puertas y en algunos muebles, se trata la tensión propia de las personas hiperactivas, ayuda a eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo y sirve para tratar problemas articulares y de los huesos. De hecho, las ventanas son horizontales y angostas para que los pacientes puedan ver el paisaje del río Sinú desde su cama.

Todo el personal pasa por una capacitación en humanidad, que incluye clases de yoga y autoreconocimiento, para entender que sólo cuando se tiene una vida propia en orden se puede ayudar a los demás en su proceso de sanación. El primer reto fue cambiar el argumento de "para qué le explico si no me entiende" de los especialistas por entender la importancia de cambiar el lenguaje para explicarles a los campesinos humildes cuál es su estado de salud.

Al parecer, estas técnicas de diseño funcionan pues -siguiendo rigurosos reportes y controles de calidad en 1,5 años de funcionamiento han logrado bajar la cantidad de días que permanecen los pacientes -en su mayoría provenientes de otra entidad-.

Pasaron del promedio nacional de 5 días a tener 3,4 días para dar de alta a quienes se infectaron con neumonía porque necesitaron ventilador mecánico; del estándar de 10 días, los neonatos permanecen 9; y las infecciones intrahospitalarias son de 1,5 por ciento mientras lo 'normal' es el 5. "Entre menos tiempo tengamos a los pacientes hospitalizados es mejor para ellos porque hay menos riesgo de contagio y de depresión", agrega Ospina, quien indica que el programa de hospitalización en casa es una de las opciones más buscadas.

Estos indicadores son similares o mejores que los de las 14 clínicas certificadas que hay en el país. Allí se atienden desde pacientes particulares hasta humildes campesinos afiliados al régimen subsidiado, a pesar de que la Gobernación les debe más de 1.500 millones de pesos. Una noche vale cerca de 95.000 pesos mientras la hospitalización en casa no supera los 67.000 pesos.

"Este es un proyecto que motiva a las personas a jubilarse joven y a comenzar a vivir -de verdad- a partir de los 55", asegura Manuel Estrada, gerente de la empresa EJM, que ya vendió la primera etapa del Club Residencial Vivenza, ubicado entre Chía y Guaymaral, a pocos minutos de Bogotá.

"Le apostamos a una arquitectura para este grupo de personas que, desde ya, planea el futuro retiro y busca disfrutar la vida a plenitud", anota el constructor, quien recuerda lo difícil que fue consolidar la idea.

"Convencer a la gente de arriesgarse a invertir en un concepto nuevo fue complicado. Sin embargo, poco a poco han entendido que no es un ancianato y que, por el contrario, es la mejor forma de invertir en el futuro.

Agrega que los clientes de Vivenza son parejas que tienen hijos adultos, que han dejado la casa, y que prefieren un apartamento en un lugar campestre, cerca de la ciudad, donde tienen servicios adicionales, y no el trabajo de mantener una casa grande en la capital.

"Por otra parte tenemos al inversionista que compra para arrendarle al grupo objetivo al que le ofrecemos la obra, pero que evalúa, eventualmente, la opción de tener la propiedad para un futuro retiro.

"De cualquier forma, el tema inversión está ahí; de hecho, la valorización en esta primera etapa fue de 35 por ciento, aproximadamente", dice Estrada, quien destaca valores agregados más allá de la arquitectura.

Talleres de arte y manualidades; sala de música, área para conciertos y programaciones culturales; biblioteca, internet, cine, televisión, capilla, comedor, cocina y salas de juegos son algunos de los servicios complementarios que llaman la atención en Vivenza donde -además- hay campos de tenis, zona de piscina climatizada y espacios para práctica de otros deportes.

"Esto, precisamente, es lo que queremos mostrarles a los compradores de la segunda etapa. La idea es que cuando abramos ventas ellos puedan ver 'en directo' cómo viven quienes invirtieron en la primera", señala Estrada, quien también destaca la construcción de un centro comercial y un supermercado, oficinas y consultorios para los propietarios y sus visitantes.

Mercado potencial

Incluso, según las cifras del Dane recopiladas por EJM, en Bogotá hay 39.882 personas mayores de 55 años que están clasificadas en los estratos sociales 5 y 6. "Estos son los clientes potenciales de Vivenza", asegura el gerente de EJM, quien recuerda que en España, México y Estados Unidos es creciente el auge de este tipo de vivienda, y en América Latina ya hay desarrollos de esta magnitud en Argentina, Chile y Ecuador.

Estrada le agrega más cifras que justifican la tendencia: "512 viviendas de más de 200 millones de pesos se han comercializado en las afueras de Bogotá en el último año, específicamente en Chía, Cajicá y la Calera, donde se evidencia un alza de 144 por ciento en la demanda de estratos 4, 5 y 6, según resultados destacados por Estrada de una investigación realizada por la Galería Inmobiliaria, firma especializada en investigación de mercados para las empresas de la construcción.

Según Álvaro Trespalacios Peñas, gerente de la Corporación, el mayor porcentaje de soluciones de vivienda social va dirigido a familias con ingresos superiores a los dos salarios mínimos, lo que significa que otra parte de gente necesitada (un millón de familias, aproximadamente, de los dos millones y medio que suma el déficit en el país) no recibe la atención requerida.

"Por eso, con el programa acudimos a la solidaridad de todos los colombianos para ayudar a quienes no tienen la posibilidad de adquirir vivienda propia. Para construir una VIS se requieren, aproximadamente, 25 millones de pesos, costo inalcanzable para una familia que se sostiene con menos de un salario mínimo; de ahí que la iniciativa impulsada por el padre Diego Jaramillo, presidente de El Minuto de Dios, sea lograr que cada colombiano done un ladrillo (con un valor simbólico de mil pesos ) y así, darle un techo digno a una familia pobre. Hemos estado entregando una casa cada semana, pero esto no es suficiente, con toda seguridad, cada colombiano puede ayudar a otro aunque sea con un ladrillo", dijo el padre Jaramillo, que destacó el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, Fenalco, Servientrega, Finandina y Colegios como Las Esclavas, Anglo Americano, Carmelo, Teresiano, La Salle y San Viator, entre otros.

Para participar se puede hacer el aporte en línea a través de la página www.dameunacasa.com o adquirir bonos de donación de cinco ladrillos por 5.000 pesos ó de 10 ladrillos por 10.000, en todos los puntos de la red de Servientrega.

También se puede a través de mensajes de texto, para usuarios de Comcel, Tigo, y Movistar, donando los puntos acumulados en Autofiel y las estaciones de gasolina vinculadas, con aportes directos a través del teléfono 535 4242 extensió 122 o en las cuentas de ahorro Davivienda No.0040 0009828-7 y Bancolombia No. 2039 700 8733 (de Ahorros), y BBVA No. 31000 129-2, cuenta corriente.

Para Aníbal Rodríguez aquellas cabinas voladoras que giran sin cesar sobre su casa, justo en la loma del barrio Juan XXIII, son un indicio de las cosas buenas que están por venir.

Este sistema de transporte -inaugurado por el presidente Álvaro Uribe y que puso a circular 119 cubículos enganchados a un cable que recorre 2.700 metros, desde la estación San Javier, al final de la línea B del Metro, hasta Pajarito- propone el descubrimiento de una nueva ciudad.

Una ciudad que acoge a comunidades arrinconadas durante muchos años, como la de Vallejuelos, compuesta en su mayoría por desplazados por la violencia, para mencionar solo uno de los 12 barrios de estratos 1 y 2 que se benefician, ahora, de esta obra.
De paso, el Metrocable Nuevo Occidente habilita un sector que constituye 45 por ciento del suelo disponible para la expansión de Medellín, donde se ejecutará el Plan Parcial Pajarito-Ciudadela Nuevo Occidente que tendrá entre 8 mil y 14 mil viviendas nuevas.

"Ahora vivimos mejor", reconoce Rodríguez, quien lleva más de 20 años habitando el sector y recuerda los tiempos en los que tenía que bajar y subir a pie la montaña porque los buses no se aventuraban por las calles estrechas y absurdamente empinadas del barrio.

Él y sus vecinos -que ahora tienen una reluciente estación del nuevo Metrocable a solo dos cuadras de sus casas- solo necesitan perderle un poco el miedo a las alturas para disfrutar del servicio a plenitud.

Con el cable y las cabinas también llegan nuevas obras, como un liceo que puede albergar a la mayoría de niños del sector, parques y zonas de esparcimiento, contemplados dentro del amoblamiento del sistema, que prometen un renacimiento para la gente de la zona. "Aunque el predial ya está llegando más caro", se lamenta Rodríguez.

Aporte a la vivienda social

Además, el sistema de transporte le da un empujón a la construcción de nuevas viviendas de interés social en Medellín, que arroja un pobre balance en el último año.

El sector de Pajarito, en el que ya se observan edificios construidos en ladera y conjuntos de casas bifamiliares de estrato 3, ahora se conecta con el centro de la Capital antioqueña en 20 minutos, cuando hasta hace poco el recorrido duraba más de 45 en estrechos colectivos.

"Y es que el Metro no se considera solo como medio de transporte, sino como medio potenciador de polos de desarrollo", como reza en el proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo Municipal.

En este sector se cuenta con un área de un millón 515 mil metros cuadrados, de los cuales 48 por ciento son urbanizables y el terreno restante será utilizado como zonas verdes, para paisajismo y protección de quebradas. Los expertos de Planeación Municipal estiman que allí quedará el hogar de unas 60 mil personas.

Por eso ahora los enormes pilones que sostienen el sistema y el concreto pulido con que se visten las tres nuevas estaciones de la línea, buscan armonizar con casas en rústico ladrillo, ranchos de madera y tejas de zinc que circundan el sector, en el que sus habitantes no son ajenos a la nueva propuesta y se esfuerzan por poner presentables sus humildes viviendas.

"Tenemos que estar más juiciosos porque ahora, desde la altura, sí nos ven", asegura María Edilma Toro, una mujer a la que las cabinas le pasan justo al frente de su sala y que siente que la nueva obra la va a sacar de la miseria en la que ha vivido.

Entre vecinos agradecidos y turistas que llegan para descubrir una nueva panorámica de la ciudad se mueve el recién inaugurado Metrocable, que se convierte en el mejor ejemplo de solución para hacer urbanizable zonas que de otra manera seguirían siendo terrenos baldíos y barrios deprimidos. Hay sentido de pertenencia y eso se nota en la actitud de los residentes del sector...

REDACCIÓN MEDELLÍN

Pabón comenta que le llegó el siguiente caso: hace ocho días, los propietarios de un apartamento ubicado en un cuarto piso quitaron temporalmente, pero sin ninguna advertencia ni precaución, las barandas de las escaleras con el fin de sacar varios electrodomésticos y muebles grandes, pues abandonaban el conjunto. La ausencia del ascensor y el espacio tan estrecho obligaron a hacerlo.

El domingo en la mañana, el apartamento del cual se llevaron los enseres se inundó produciendo humedad y goteras en el inmueble del piso inferior. Ante esta situación, los celadores fueron los únicos dispuestos a ayudar a la residente afectada; procedieron a cerrar el registro, pero a pesar de esto el agua no cesó.

La administradora no trabajaba el domingo y tampoco contaba con personal operativo para atender la emergencia. Pasaron las horas hasta que, por fin, uno de los dueños del inmueble recién desocupado atendió la llamada.

Llegó al conjunto, revisó y efectivamente encontró parte de su apartamento inundado debido a la fuga de agua. Él, con la mayor cordialidad prometió asumir el pago de los daños mientras la residente afectada optó por ubicar recipientes para recibir el líquido del techo y controlar las goteras.

Lo que podría ser una eventualidad, propia de un trasteo normal da pie para reflexionar acerca de que el daño hubiera podido ser mayor; quizás un incendio o una fuga de gas que por no tomarse las precauciones necesarias podrían terminar en tragedia.

A este primer caso se suma la inquietud del presidente de un consejo de administración, quien pregunta si es legal impedir el trasteo de muebles a un arrendatario que debe varias cuotas mensuales y la administración.

Previsiones en los reglamentos

Para que las personas que entran y salen con los trasteos se sometan a reglas en pro de la protección de los derechos de los demás residentes -la seguridad, principalmente- es necesario que estas previsiones se consignen en los reglamentos de propiedad horizontal, de copropiedad o en el interno, lo mismo que en el manual de convivencia aprobado por la asamblea de copropietarios. Y serán de obligatorio cumplimiento.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otras normas que merecen atención, reglas de carácter distrital y municipal que prevén más restricciones (ver recuadros).

Sobre el caso del retiro de barandas hay que recordar que debe ser autorizado por la administración, que -a la vez- deberá informar a los propietarios y residentes para que tengan cuidado al transitar. Recuerdo -incluso- que recientemente en un conjunto se les soltó una nevera a los operarios, cayó sobre varias personas y una niña resultó herida.

También es importante incluir en los reglamentos y adoptar en conjuntos lo siguiente:

• Libro de propietarios. Lo debe llevar el administrador con nombres de los propietarios, residentes y arrendatarios, entre otros. Vale la pena adjuntar otra dirección y más teléfonos para ubicarlos en caso de emergencia.
  
• Personal operativo. En los edificios de oficinas y comerciales es obligatorio que la administración cuente con este personal -24 horas- para atender eventualidades. En el caso de la consulta, la administradora no laboraba el domingo de acuerdo con su contrato. Sin embargo, es vital que en los edificios residenciales el administrador dé un número telefónico de emergencia.
  
• Precauciones. Las empresas especializadas recomiendan que antes de salir definitivamente del inmueble se verifique que hayan quedado cerradas las llaves de gas, el registro de agua y suprimido el servicio de energía.
  
• Los propietarios deberán responder por daños involuntarios o por descuido en bienes comunes hechos por quienes trastean. La administración deberá responder si no toma las precauciones. Varios manuales de convivencia sugieren que el propietario deje un depósito para respaldar eventuales gastos.

Normas distritales

En Bogotá, por razones de seguridad, los trasteos se deben hacer entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde (Decretos 495 del 2002 y 238 del 2003). Por su parte, en el interior de los edificios el administrador les informará a quienes van a trastear las previsiones de rigor.

Por otra parte, aunque hay reglamentos que exigen paz y salvo por expensas y demás deudas, si existen, la administración no puede impedir la entrada o salida de muebles. En caso de que la persona no lo tenga estaría incumpliendo el reglamento y se le podrían imponer sanciones.

Argumenta que si las alzas en las tarifas son de 60 por ciento, aproximadamente, y el aumento en las cuotas de administración debe estar acorde al IPC, muchos residentes no alcanzarán a cubrir las cuotas y esto, en consecuencia, redundará en el deterioro de los conjuntos residenciales.

A Lemus se suma Alejandro Herrera, quien quiere saber si alguna ley regula el alza anual por concepto de administración. "En el conjunto donde vivo fue de 33 por ciento, con el argumento de que un nuevo decreto prohíbe que el personal de vigilancia labore más de ocho horas dirias y que, por lo tanto, se deberían contratar más vigilantes. Incluso, que de no hacerlo, el conjunto será sancionado".

La abogada Nora Pabón afirma que, en efecto, y como se destacó a finales del año pasado, el Decreto 4950 del 27 de diciembre del 2007 fijó las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

La Superintendencia ha sido clara en la obligación legal que tienen las compañías que prestan el servicio: acatar las normas que establecen las jornadas máximas para cualquier trabajador, de ocho horas diarias más dos extras.

"Bajo esas condiciones -agrega Pabón- un turno de 24 horas equivaldrá a tres jornadas de trabajo y así se calcularán sus salarios.

"La norma también establece como tarifa mínima para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada 24 horas, 30 horas al mes: para los estratos residenciales 4, 5 y 6 la tarifa mínima será de 8,6 salarios mínimos más 10 por ciento de administración y supervisión.

"Para los estratos 1, 2 y 3 el monto que se cobre deberá garantizar al trabajador el pago de las obligaciones laborales y los costos operativos. Cuando el servicio contratado sea inferior a 24 horas, la tarifa será proporcional".

Estos cambios, de obligatorio cumplimiento, han hecho que las compañías y cooperativas de vigilancia revisen y ajusten los contratos en edificios y conjuntos.

Obviamente, el tema ha sido prioritario en esta época de asambleas y ha generado incoformidad entre los residentes. Ahora, lo que resta es cumplir la ley. "Mientras esté vigente, las compañías de vigilancia y quien las contrata deben regirse a lo que dicta", concluye Pabón, quien agrega que para tratar de afectar la copropiedad lo menos posible se deberá hacer un trabajo juicioso con la proyección de los presupuestos, y el número y necesidades de los puestos de vigilancia.

Vigilantes protestan

No solo los bolsillos de los copropietarios e inquilinos se resintieron con el ajuste a la norma que, por años, algunas empresas no tuvieron en cuenta.

Algunos vigilantes también protestaron, pues ahora sus ingresos se verán mermados porque al trabajar máximo dos horas extras diarias recibirán menos dinero.

El lado positivo dela norma es que se tendrán que ampliar las plazas de trabajo y se eliminarán los supuestos salarios integrales.

Sugerencias para hacer llevadero el proceso

• Una cuota extraordinaria con base en lo que dicta el reglamento.
• Hacer un estudio para evaluar si se requiere la cantidad de celadores que tienen.
• Acudir a otros mecanismos de seguridad: tecnologías, circuitos cerrados de televisión, etc.
• Explotar bienes comunes rentables (salón comunal, por ejemplo) y aumentar los cánones de arrendamientos de otros que se usan.
• Cobro de cartera morosa. Ser más rigurosos con este tema; incluso, se podrían aumentar los intereses y las multas hasta el tope que dé la ley.
• Los contratos de las compañías de vigilancia y de las cooperativas deben ser revisados primero, con los celadores, y segundo, con los edificios y conjuntos.

• Dudas sobre asambleas de conjuntos responde Germán Molano

Sí puede ser beneficiado con el subsidio porque es una persona que entra en un grado de vulnerabilidad y hace parte de la tercera edad, lo que le da un puntaje mayor.

La política de vivienda busca llegar a las personas que no tienen una capacidad real para adquirir un techo propio. Vale aclarar, además, que no es cierto que se necesite un ingreso de 700 mil pesos ni que sea fijo.

¿Qué es mejor la Unidad de Valor Real (UVR) o los pesos?

La Superintendencia Bancaria aprobó cinco modalidades de amortización: dos en pesos y tres en UVR.

En pesos hay una cuota constante en efectivo. Esto significa que el deudor siempre va a pagar lo mismo, en pesos, durante la vida del crédito y por lo tanto al inicio la porción de capital que se amortiza y las cuotas son menores.

Se toma una especie de seguro contra cualquier variación que pueda tener la inflación pero, naturalmente, a lo largo de la vida del crédito se pueden terminar pagando intereses mayores. La segunda modalidad se denomina abono constante a capital en pesos. La cuota no es exactamente igual, lo constante es la amortización a capital en pesos.

Esto es interesante para los deudores que tienen la posibilidad de pagar cuotas mayores al inicio del crédito de manera que la amortización se produzca aceleradamente y, en consecuencia, los intereses son menores.

En la UVR existen tres modalidades que comparten esta misma filosofía. Es decir, una tasa fija en UVR, en donde el deudor estaría tomando el riesgo de que la inflación suba, y en abono constante a capital en UVR, donde el esfuerzo habría que hacerlo en la parte inicial de la vida del crédito.

Finalmente hay una modalidad que combina los dos principios: consiste en que las cuotas se mantienen fijas en pesos por periodos anuales pero al término de cada año se incrementan con la inflación.

¿Qué es el ahorro voluntario?

Es un instrumento para aquellos trabajadores independientes que no tienen ingresos fijos, pero que pueden hacer un ahorro promedio para acceder al crédito del Fondo Nacional de Ahorro.

Una de las recomendaciones es ahorrar -por lo menos- 10 por ciento de los ingresos durante mínimo un año, sin tener en cuenta el salario. Una persona con un ingreso de 450.000, puede ahorrar 45.000 pesos mensuales, 12.500 pesos semanales o 25.000 pesos quincenales. Hoy, unas 230.000 familias están ahorrando y tienen cerca de 70.000 millones de pesos en ahorro.

¿Por qué la caja niega un desembolso para desplazados que buscan bienes usados?

Lo que hacen las cajas de compensación es verificar la habitabilidad de la vivienda, los desplazados tienen ventajas adicionales pues reciben 25 salarios (11'537.500 pesos) que se pueden aplicar para vivienda nueva y usada.

Si es usada, el convenio obliga a las cajas a verificar si la casa es habitable y sobre todo a examinar que no estén en sitio de riesgo y que aseguren la calidad de vida.

"En las últimas reuniones (hemos tenido varias extraodinarias) se vota levantando la mano, pero creo que es menos confiable pues hay decisiones, como la de afectación de zonas comunes, que deberían tener un sustento demostrable".

En inmuebles de uso residencial las decisiones de contenido económico no equivalen a un voto por apartamento, sino al coeficiente de copropiedad. Solo en aspectos de simple administración y que no sean económicos es posible el voto unitario.

En muchos edificios la administración entrega una papeleta a cada propietario en la que se anota el coeficiente que le corresponde. Luego s las recogen y suman. En otros casos se toma nota en un tablero, pero esto se hace cuando no son muchas unidades privadas.

Nora Pabón es abogada, asesora externa.

Así, este experto resume las fallas más frecuentes que se cometen al elegir y comprar una póliza y que, a la larga, se convierten en ventanas jurídicas por donde 'escapa' la responsabilidad aseguradora mientras todos los vecinos pierden su casa. Tome nota par evitar los 'autogoles'.

Lo barato sale caro
Aunque el precio es importante, lo fundamental es qué riesgos cubre pues el costo depende de las bondades de la póliza. Entre más barata menos cubrirá, pida varias cotizaciones sobre los mismos riesgos básicos para que la aseguradora libremente ofrezca otros amparos y anexos.

A grandes economías, grandes pérdidas
El deducible es la cuota que debe aportar la copropiedad para reconstruir o reparar y hay que aportarla al instante.

En caso de terremoto, es el 3 por ciento del valor asegurado o de la pérdida. Puede sornar como un pequeño porcentaje pero, si reconstruir el edificio vale 8.400 millones de pesos, los vecinos tendrían que reunir 252 millones. Si es casi imposible reunir las cuotas de administración o una cuota para la pintura ¿cuánto se tardarían en completar ese monto cuando las cuentas de los propietarios están en ceros? Además, cualquier daño por debajo de esta suma no sería cubierto.

Por eso, la recomendación es tomarla sobre el valor de la pérdida y, durante la asamblea anual, contarles a los copropietarios cuánto sería lo que deben aportar en caso de siniestro.

Si hay riesgos políticos. Motines, huelgas, asonadas o actos mal intencionados de terceros o terrorismo, el deducible es del 10 por ciento del valor de la pérdida con un mínimo de tres salarios (1'384.600 pesos).

Para otros daños como incendio, explosión, anegación, granizo o rotura de vidrios hay gran variedad de deducibles, partiendo del 10 por ciento de la pérdida. Sin embargo, muchas no cobran nada lo que es una gran ventaja para los accidentes pequeños pero molestos como la rotura de vidrios o las inundaciones.

Los incendios son eventos bastante frecuentes (estufas, automóviles, fugas) y se pueden presentar 2 ó 3 en el año y pueden derretir las tuberías que proveen el agua de los apartamentos.

Todo riesgo no siempre incluye todo
El tipo de cobertura hay que leerlo con lupa pues cuando se otorga bajo la modalidad de riesgos nombrados sólo se incluyen los problemas generados por lo que está descrito y si sucede en la forma explicada. El resto queda por fuera.
Lo más recomendable es tomar el "todo riesgo no excluido". Así, basta leer los eventos que no se cubren para saber a qué atenerse.

El agua sí se quema y el suelo sí se daña
Hay bienes especiales que no se perciben a simple vista pero que son fundamentales para sostener el edificio.

Los cimientos y los muros de contención son muy costosos y se dañan frecuentemente cuando hay terremotos o temblores. Verifique que la póliza no los excluya pues lo primero que se necesita para reconstruir son los cimientos.

Todo cambia con el tiempo, incluyendo las normas de sismorresistencia. Cuando se pide la licencia para reconstruir, hay que hacer mejoras para acogerse a las normas vigentes y eso cuesta.

Los terrenos se 'pierden' o dañan si hay grietas o deslizamientos y son el principal bien común, no pueden quedar por fuera. Sólo los conjuntos construidos después de 1998 tienen la nueva norma NSR 98.

Las deudas nunca se detienen
Aunque el edificio esté en el piso, las cuotas de administración siguen corriendo porque la copropiedad tiene gastos y obligaciones.

Por eso es conveniente (aunque no obligatorio) amparar la pérdida de cuotas de administración como un evento especial.
Muchas aseguradoras las incluyen dentro de la pérdida de renta o los gastos de alojamiento cuando se amparan los bienes privados. Si la copropiedad tiene bienes propios que le generan utilidades, es mejor incluirlos.

Si todo queda en el piso, hay que pagar la remoción de escombros, vigilar que no se roben lo poco que queda, extinguir los incendios y pagar los honorarios de los profesionales necesarios para la reconstrucción. Hay entidades que otorgan hasta 1.800 millones mientras otras apenas superan los 100 millones ¿su copropiedad podría pagar alguna de estas cifras?

Todo con pruebas
La aseguradora exige que se demuestren las pérdidas y su cuantía. ¿Su administrador podrá hablar de igual a igual con el ajustador de la compañía de seguros que protege los intereses de la entidad?

Una recomendación vital es que el conjunto tenga un ajustador de seguros propio -que garantice la transparencia de las negociaciones- y el dinero para pagarle los honorarios. Este amparo es fundamental para lograr que se le pague lo justo a la copropiedad.

La asistencia domiciliaria para cerrajería, plomería y demás accidentes es una 'bendición' para quienes saben el desgaste que significa salir corriendo a buscar un plomero de confianza y que garantice el trabajo a mitad de la noche.

Plata en mano...
Nunca cae mal un anticipo para empezar las obras cuanto antes, especialmente si urge reparar el edificio porque las familias no tienen dónde vivir. Vale la pena tener en cuenta que la aseguradora se toma su tiempo para detectar los daños y su costo y, luego, tiene un mes para girar el cheque y ¿quién dijo que un edificio se repara rápido?

No es obligatorio pero ayuda al bienestar de propietarios y residentes, al igual que el amparo de gastos de alojamiento que -normalmente- son por tres meses y los vecinos lo agradecerán eternamente.

Seguro mató a confianza
La propiedad horizontal es una 'empresa' donde confluyen muchos actores, proveedores y usuarios, lo que genera altísimas y variadas responsabilidades. Lo importante es que la administración tenga su póliza de responsabilidad civil así, además de girar cualquier pago, consejo y administrador tendrán toda la asesoría jurídica y un abogado que atenderá cualquier reclamo tanto de residentes como de terceros.

Así, en caso de robo de vehículos, caídas de objetos, accidentes o cualquier evento desafortunado que genere un reclamo o demanda -cierto o infundado-, el administrador no deberá desgastarse discutiendo con los quejosos pues para eso hay un abogado experto.

Para saber cuál es el monto más conveniente, lo mejor es sumar todos los contratos firmados y procurar tomar la más alta posible pues, de cualquier manera, aquí se aplica la tasa más económica de los amparos.

La obra, que se entregará el 5 de agosto del 2010, tiene el respaldo financiero de Bear Stearns, banco de inversión global que en una operación sin precedentes para Latinonamérica le dio el "sí" a la ejecución con una emisión de bonos por 220 millones de dólares que colocaron en fondos de garantía para darle liquidez y, así, financiar parte de la construcción.

"Nuestra compañía, con sede en Nueva York y oficinas en varios países del mundo, evalúa semanalmente un promedio de cinco potenciales proyectos inmobiliarios que requieren financiación, pero solo apoyamos los que realmente demuestran el respaldo para salir adelante. TOCI fue uno de ellos", dijo José Luis Martínez, representante de la compañía que maneja 80 mil millones de capital para respaldar, entre otros, este tipo de megaobras.

Respaldo financiero garantiza la terminación de la obra

"Nuestra labor es minuciosa, a través de los fondos mitigamos los riesgos e incluso, los desembolsos se van haciendo previa certificación de una compañía que monitorea el avance de la construcción", aseguró Martínez, quien identificó el proceso como "la transacción del año".

Para demostrar la magnitud de lo que se está construyendo, el ingeniero civil Jenaro Echeverri, recordó que solo en procesos de pilotaje para la cimentación, entre otros aspectos físicos, se han invertido unos 12 millones de dólares. "De hecho, está listo en un 90 por ciento", aseguró Echeverri, quien agregó que el proyecto genera 800 empleos y salarios directos por 45 millones de dólares, aproximadamente.

"Además del tema financiero y de la gestión para contar con el apoyo de las autoridades locales, las condiciones del terreno, a 90 metros del mar, planteó serios retos arquitectónicos.

"Uno de ellos fue la volumentría, por la forma en que fue concebido el edificio de 79 pisos (de aleta dorsal en la cúpula, como la de un tiburón).

"Sin embargo, todo esto se ha sorteado con lujo de detalles", aseguró Echeverri.

"Así, en la idea de convertir el TOCI en un destino con múltiples servicios la inspiración ha sido total", anotó Saravia.

El gerente de la firma que en Colombia es reconocida por sus obras para el estrato alto destacó el cuidado que se ha tenido en el diseño de las 600 unidades residenciales y las 369 habitaciones del hotel, a las que se suman el centro de negocios, comercio, parqueaderos para 1.400 vehículos, 36 ascensores, 10 escaleras de emergencia y -sobre todo- el encanto de Panamá.

Datos curiosos del proyecto

• Construir el Trump Ocean Club International (TOCI) es algo muy similar a edificar 2.500 apartamentos de 100 metros cuadrados en un sólo edificio.
  
  Además del tamaño, la diferencia está en la calidad de los acabados y los novedosos diseños que caracterizan la excelencia que busca el magnate Trump.
  
• Con el concreto que se usará en la obra se podría construir una carretera de 61 kilómetros de longitud por 50 metros de ancho.
  
• Si se extendiera todo el cableado que se utilizará en el TOCI resultaría una línea correspondiente a 700 kilómetros.
  
• Los inversionistas de origen estadounidense son los que más le han apostado al proyecto. Les siguen los europeos y los canadienses que buscan una segunda vivienda en Centroamérica y El Caribe, que hoy son los pensionados con mayor poder adquisitivo.

GABRIEL E. FLÓREZ G.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Igualmente se plantean mejoras en las coberturas de servicios públicos domiciliarios, como actuaciones decididas de protección de los cerros orientales y el Río Bogotá.

"El Sector Hábitat también se preocupará en los próximos cuatro años de los nuevos equipamientos urbanos para el desarrollo y la competitividad", dijo un vocero de la entidad distrital que identificó los proyectos del Anillo de Innovación de Corferias y de renovación del centro, como ejemplo de ello.

Agregó que entre las acciones prioritarias para la transformación urbana se tendrá en cuenta, y de forma decidida, la optimización del relleno sanitario Doña Juana, para lo cual será fundamental avanzar en la cultura del reciclaje en la ciudad. "De forma paralela se trabajará con la Gobernación de Cundinamarca en los rellenos sanitarios regionales", concluyó.

"Basta recordar que en 1998 el alza en las tasas generó la crisis y desde cualquier punto de vista, así se hayan tomado medidas y hoy seamos más cautelosos, la tendencia alcista preocupa".
El consultor inmobiliario Óscar Gómez Villa coincide con Cáceres, pero considera que no es para alarmarse, por lo menos por ahora.

"El problema es que a los altos costos financieros están atados los incrementos en los precios y, por lo tanto, la disminución de la demanda de crédito y de vivienda, situación que ya es evidente.
"Algo que puede contrarrestar la proyección al alza es que, desde la crisis de 1999, la gente no está tomando mucho crédito hipotecario, especialmente en los estratos altos donde aún se compra de contado o sin recursos bancarios.

Estratos medios, a la expectativa

"Sin embargo, la situación sí afecta a la vivienda de los estratos 3 y 4, e incluso 5, donde se paga, generalmente, 30 por ciento de inicial y el resto, 70 por ciento, con préstamos de las entidades financieras", anota Gómez Villa, quien advierte -además- una disminución de la capacidad de compra y un alza en las cuotas de amortización mucho más de lo que suben los ingresos.

Recientes proyecciones de la Cámara Colombiana de la Construcción indicaban que "en aras de velar por la estabilidad macroeconómica, el Emisor debía continuar con sus esfuerzos antiinflacionarios" y todo apunta en esa dirección.

Precisamente, sobre las expectativas, la junta del Banco de la República dijo que si bien la demanda agregada ha moderado su ritmo de crecimiento gracias a las decisiones de la política monetaria de los meses anteriores, la información disponible muestra que aún sigue fuerte. Esto, de una u otra forma, sugiere que podrían presentarse más alzas.

Para la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), la situación es manejable. "Preocupa que las tasas estén subiendo de forma permanente y escalonada pero también es cierto que, en principio, esto es absolutamente marginal y no afecta los créditos hipotecarios de largo plazo para vivienda, más aún cuando se puede optar por tasa fija y en pesos", asegura Sergio Mutis, presidente de la entidad, quien considera que los argumentos del Emisor para controlar la inflación son válidos. "Las tasas hipotecarias por mandato de la ley y en la práctica siguen siendo las más bajas del mercado", agrega.

Para la Presidenta de Camacol, el sistema financiero cerró el 2007 con resultados destacados y aunque las recientes medidas del Emisor seguirán transmitiéndose sobre la disponibilidad de fondos y las tasas de interés -y seguramente la desaceleración en el ritmo de expansión se acentuará en los próximos meses-, el efecto no será tan contundente en el segmento hipotecario.

"De cualquier forma, en los próximos trimestres los ajustes a la baja en expectativas de inflación serán claves para asegurar la recuperación del crédito hipotecario que requiere recursos de más largo plazo y, por lo tanto, más certidumbre hacia el futuro", concluyó Uribe.

"Uno relacionado con los pensionados rentistas que se beneficiarán con las exenciones. Como se prevé que la mayoría serán extranjeros y tendrán un estatus de residencia temporal en Colombia requieren una normatividad migratoria diferente.

Y segundo, es vital que se revalúe el capítulo de los inversionistas o desarrolladores de los proyectos, pues se les está exonera de impuestos de renta y patrimonio por un período de 30 años prorrogables sin un límite para dar inicio a los proyectos.

Advierte que, incluso, se está violando el derecho a la igualdad porque se les dan incentivos a los constructores de nuevos proyectos en zonas donde otros inversionistas sí pagan renta y tramitan licencias de construcción, entre otros requisitos", agrega la Senadora, quien también sugiere que el rentista pueda comprar en cualquier parte, incluso viviendas de segunda, con las mismas exenciones.

Los gremios, por su parte, consideran que aplazarlo es un error que va en contravía de la idea de atraer inversión.

'No aprobarlo sería frenar la inversión extranjera': gremios

Según Beatriz Uribe, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, ahora, cuando es evidente la desaceleración del sector, esta iniciativa se constituye en una herramienta fundamental para incentivar el mercado de la finca raíz.

"Creo que la Senadora debería proponer, con más claridad, cuáles son los aspectos que le incomodan. Coincido con la apreciación del impacto fiscal, pero insisto que se deben tener en cuenta todos los ingresos que generará esta actividad, especialmente para el Ca