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El Ministerio de Defensa deberá pagar 200 millones de pesos a tres comerciantes que perdieron sus negocios en esa toma, cuando 50 guerrilleros atacaron la población en julio de ese año.
La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo, encontró que cinco meses antes de la toma ya se había informado a la Fuerza Pública sobre la posibilidad de los ataques.
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